MIAMI, Florida- Los recientes cargos de fraude bursétil contra UBS Financial Services of Puerto Rico y dos de sus principales ejecutivos parecen ser solo el comienzo de una limpieza en el sector financiero en la Isla que ha emprendido la Comisión Federal de Intercambio y Valores(SEC, por sus siglas en inglés) cuyo director regional, Eric Bustillo, adelantó con un manténganse en sintonía…tenemos otras cosas por venir, que pronto rendirán otros frutos.

Bustillo, sin embargo, no soltó prenda cuando EL VOCERO le preguntó si esas cosas incluyen la pesquisa en torno a las controvertibles emisiones de casi $3,000 millones en bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados Públicos del 2008.

No puedo confirmar ni negar si hay una investigación, dijo el funcionario, al refugiarse tras el tradicional cliché de los agentes federales.

Este mutismo se repitió cuando se le preguntó, a cuál es el estatus del referido hecho el año pasado por Lourdes Ramos, presidenta de la Comisión de los Sistemas de Retiro del Servicio Público de la Cámara? Lo recibieron? Primero silencio, luego un tentativo: La política del SEC no nos deja decir si recibimos o no una querella.

Pero en San Juan, el propio administrador de Retiro, Héctor Mayol,le había confirmado anteriormente a este diario que funcionarios del SEC han estado preguntando sobre las controvertibles transacciones que alegadamente han puesto en peligro el futuro financiero de miles de jubilados del Gobierno. Otras agencias que alegadamente están investigando cómo y por qué se emitieron los bonos de Retiro son el Departamento de Justicia estatal, la Oficina de la Contralor y el Buro Federal de Investigaciones (FBI).

Viene escrutinio más severo

De lo que sé está dispuesto a hablar este exfiscal federal, quien desde un rascacielos en el corazón de Miami encabeza un equipo de 110 sabuesos del SEC, es lo que describi— como una nueva política dirigida a una fiscalización más estrecha y más severa de las instituciones financieras como consecuencia de la debacle en los mercados de valores en el 2007 y 2008.

Tal política afectó directamente la fiscalización de bancos y corredores de bolsa en Puerto Rico y en las otras cuatro jurisdicciones que caen bajo su oficina: Florida, Misisipi, Luisiana y las Islas Vírgenes.

La nueva política dio pie a una reestructuración del SEC a nivel nacional que redundó en la creación de cinco unidades especializadas, de las cuales hay tres de ellas, con oficiales trabajando a tiempo completo en la región que dirige Bustillo. Una unidad investiga delitos relacionados con los llamados munis(bonos emitidos por agencias de gobierno locales) y pensiones del sector público; otra escudriña el manejo de inversiones y la asesoría a inversionistas y, la tercera, está especializada en violaciones al Foreign Corrupt Practice Act (Ley contra las Prácticas de Corrupción en el Exterior) por compañías que sobornan gobiernos extranjeros para obtener contratos.

Luego de cuatros años sin radicar un solo caso de cumplimiento en Puerto Rico, el primer caso del SEC en la Isla bajo esta reestructuración resultó en las dos órdenes de cese y desista recientemente emitidas contra UBS PR, así como contra su exprincipal oficial ejecutivo Miguel Ferrer y el director del área de Mercado de Valores, Carlos J. Ortiz. Tras más de un año de investigación, UBS PR acordó este mes pagar una penalidad de $26.6 millones sin admitir ni negar que había violado las leyes federales engañando a sus clientes y propios corredores sobre la liquidez de sus fondos mutuos cerrados, pero Ferrer y Ortiz han rechazado transar con el SEC e insisten que no cometieron ninguna irregularidad por lo cual, su caso eventualmente se dilucidará en vistas públicas a nivel administrativo.

Mientras tanto, los hallazgos detallados en las órdenes vistos a la luz de estas flamantes encomiendas abren nuevas interrogantes sobre como encajan los reguladores federales en el esfuerzo multiagencial para dilucidar qué realmente pasó en Retiro.

Las múltiples (y lucrativas) personalidades de UBS PR

En el caso de Retiro, UBS PR jugó un complejo y controvertible papel como asesor financiero de la agencia, principal manejador de las emisiones, comprador de los bonos, vendedor de estos a sus clientes, administrador de los fondos mutuos que absorbieron la mitad de los bonos emitidos. Todo esto le permitió ganar lucrativas comisiones en cada una de las etapas de las transacciones.

Exactamente cuánto dinero recibió UBS PR, y sus distintas encarnaciones corporativas, de sus tratos con Retiro es imposible determinar. Pero los récords de la Contralora muestran que la firma obtuvo contratos de asesoría con la agencia por $801,000 entre fines del 2006 y el 2009. También recibió el grueso de los $27 millones en comisiones pagados por Retiro a los comanejadores de las controvertibles transacciones, ya que alegadamente compró para sus fondos mutuos cerrados la mitad de las polémicas emisiones, $1,500 millones de los $2,900 millones emitidos por Retiro. Como consecuencia, hay que añadir la comisión de 4.75 por ciento que UBS PR cobra por adelantado a sus clientes sobre el valor de las acciones, más aproximadamente otro 11 por ciento del valor de las acciones cargados a varios otros gastos administrativos.

Las órdenes del SEC, los informes trimestrales a los accionistas de UBS PR y otros documentos públicos proveen otra dimensión a las transacciones del 2008 y como podrían estar afectando al día de hoy los ahorros de miles de inversionistas boricuas, en su mayoría jubilados o envejecientes.

Inundando Fondos Mutuos con Retiro

Los informes trimestrales de los 14 fondos mutuos cerrados exclusivos de UBS PR muestran como la firma inundó algunos de estos productos con los bonos de Retiro, pese a que ya se sabía de antemano que no había un mercado para ellos. Las emisiones de Retiro coinciden con el período en que el SEC dice que la firma le estaba ocultando a sus clientes y a sus corredores, la falta de liquidez y lo riesgoso de la inversión en el mercado.

Durante este periodo, por insistencia de Ferrer los corredores de UBS promovieron intensamente dos nuevos fondos mutuos con un valor de $66 millones. Estos fondos eran el Puerto Rico Fixed Income Fund (PRFIF) VI y el Puerto Rico AAA Portfolio Bond Fund II. UBS PR manejó ambas emisiones.

Nuevas ofertas representaban comisiones adicionales de corredor y honorarios por administrar los fondos, señala la orden del SEC contra Ferrer y Ortiz, personalmente.

Sin embargo, estos dos fondos se distinguen por ser los que, al 31 de diciembre del año pasado, tenían menos acciones de Retiro en su cartera. Por ejemplo, en PRFIF VI las acciones de Retiro œnicamente representan 15.45 por ciento de sus inversiones y en Puerto Rico AAA Portfolio Bond Fund II los bonos de Retiro son esencialmente inexistentes, œnicamente 0.38 por ciento de las acciones.

Estos números, sin embargo, contrastan dramáticamente con la tajada en Retiro de algunos de otros fondos mutuos cerrados de UBS PR para fines del año pasado. Por ejemplo, en PRFIF VI los bonos de Retiro representan un 37.23 por ciento, es decir casi la mitad de las obligaciones. Y este no es un caso aislado. En PRFIF II, el porcentaje era de 31.87 por ciento. Lo mismo con PRFIF I con 30.79 por ciento y en PRFIF IV con 30.72 por ciento.