27 de agosto de 2015

Mientras la opinión pública del país se enfoca en la vida privada del Secretario de la Vivienda, Alberto Lastra y su orientación sexual, al interior de la agencia que dirige se desarrollan una serie de eventos escandalosos que apuntan a un posible patrón de corrupción y favoritismo político. Estos se relacionan al otorgamiento de contratos irregulares por más de $60 millones para administrar los residenciales públicos del país.

Como si fuera una bola de humo para desviar la atención, en días reciente el interés público se ha concentrado en la noticia que dio el mismo Lastra, quien salió del clóset comunicando su homosexualidad a través de un comentario en la red social Twitter. Posteriormente el titular de la Vivienda dijo que está casado, lo que lo convierte en el primer jefe de agencia en el gobierno que dice abiertamente su orientación sexual.

Pero mientras ese era el enfoque, la Junta de Subastas del Departamento de la Vivienda (DV) realizó un proceso altamente sospechoso para la otorgación de contratos que superan más de $60 millones e impactan directamente los empleos de sobre 4,500 personas. Se trata de las subastas para administrar los residenciales públicos del país bajo la Administración de Vivienda Pública (AVP), que pertenece a la sombrilla del DV.

En Puerto Rico hay sobre 55,000 familias que viven en más de 330 residenciales públicos en todo el país.

La AVP divide la administración de los residenciales en 11 regiones alrededor de la isla, y cada región la administra una empresa privada. Por cada agente administrador, hay alrededor de 400 empleados, o sea, un total de  4,500 empleados directos.

Como parte de sus responsabilidades como administradores, estas empresas cobran la renta de residentes y se encargan del mantenimiento y de mejorar las condiciones de las instalaciones (desde poner gabinetes de cocinas, sellados de techo, trabajo de plomería, electricidad y otros). Además desarrollan programas comunitarios para los distintos residenciales en conjunto al gobierno, tales como programas de trabajo social, y el énfasis es ayudar a mejorar la calidad de vida en esas comunidades mediante ferias de empleos, clínicas de salud, programas deportivos y culturales, y otros. En realidad son los que coordinan e impulsan la mayoría de las actividades que se realizan desde los residenciales públicos.

Subasta irregular

La AVP realizó el proceso de selección (RFP) el pasado 21 de julio y al menos ocho (8) empresas han impugnado el proceso debido a diversas razones que apuntan todas hacia irregularidades y favoritismo político.

En ese proceso participaron 28 licitadores.  Los contratos montantes en total a $60 millones, serían por cerca de cuatro años.

Los licitadores fueron en su mayoría empresas que llevan sobre 20 años administrando residenciales, pero éstas fueron eliminadas para dar paso a empresas con muy poca o sin experiencia, como Inn Capital, Mora Housing de la familia Rubí y FPC Crespo Group. Esta última FPC Crespo Group, es una corporación que no tiene experiencia alguna administrando residenciales, pero que pertenece a los hermanos y el padre del exdirector ejecutivo de la Asociación de Alcaldes y es miembro activo del Partido Popular Democrático (PPD), Pedro Crespo. Los accionistas de FPC Crespo han donado miles a la campaña del PPD.

Lo irónico del proceso es que algunas de las empresas fueron recomendadas por el administrador de Vivienda Pública para continuar operando pero fue la Junta de Subastas de AVP – organismo bajo el DV y Lastra – los que los eliminaron a los tres agentes experimentados no seleccionados.

Algunas de las impugnaciones incluyen:

 1.      OR Management y Administration Corp. impugnó el proceso a nivel interno en el DV y pidieron reconsideración ante la agencia alegando violaciones a leyes federales y desviaciones al reglamento en la subasta. Alegan que le dieron puntuación menor (77 de 94) porque el dueño de la empresa, Alfredo Ocasio Pérez, está ligado al Partido Nuevo Progresista (PNP).

2.      J A Machuca y Asociados también impugnó porque la firma, la cual ha prestado servicios a residenciales públicos, obtuvo una puntuación de sobre 90 puntos pero la AVP optó por darle la buena pro a FPC Crespo Group a pesar de una recomendación del Comité de Subasta para que se le diera a la firma el manejo del Área 8, lo cual no se define. 

3.      Reliable Housing Joint Services también radicó una solicitud de reconsideración al objetar que se le dieron solamente 73 puntos y no se tomaron en consideración documentos sometidos.

4.      Housing Promoters acudió directamente al Tribunal Apelativo para impugnar el proceso, pero ese foro la desestimó. Uno de los directivos de esa empresa es Carlos Vivoni, ex Secretario de Vivienda la administración de Pedro Rosselló y el fundador de la empresa, Miguel Maldonado, fue administrador de Vivienda Pública bajo el PNP. En el 1991, cuando se privatiza el sistema bajo Rafael Hernández Colón, su empresa fue escogida desde entonces para operar residenciales.

5.      Peregrine Group, también radicó una impugnación en el foro administrativo porque fue eliminada mediante el mecanismo de “trade off”, siendo recomendada por el Administrador. La semana pasada Peregrine acudió al Tribunal Apelativo para solicitar un interdicto.

 6.       PROMMA, una compañía fundada por un exadministrador de AVP que cuenta con experiencia previa administrando residenciales y fue evaluado como la undécima propuesta.

De los 28 licitadores que participaron en la subasta, Machuca obtuvo la sexta (#6) posición en las evaluaciones de AVP, Peregrine la octava (#8), PROMMA la undécima (#11), FPC Crespo la decimocuarta (#14), Housing Promoters decimoquinta (#15) y  OR la decimoctava (#18).

Ayer, la AVP envió cartas extendiendo el contrato a los actuales operadores por 30 días (hasta el 30 de septiembre). Con esta determinación, perjudican a las empresas porque tendrían a sus empleados en ascuas, sin saber sobre su futuro y porque los 11 agentes administradores en funciones y AVP se verían limitados en todo lo relacionado al mantenimiento y la operación, afectándose de esa manera los servicios a las miles de personas que viven en los residenciales públicos del país.