26 de octubre de 2023

El Vocero

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ya comenzó a tomar muestras y a confirmar que hay presencia de contaminantes en los sistemas de agua potable y aguas sanitarias en Puerto Rico, conocidos como Sustancias Perfluoradas y Polifluoradas (PFAS, en inglés), por lo que la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, en inglés) espera que para principios del próximo año la corporación pública tenga un estudio preliminar al respecto.

Las PFAS son sustancias difíciles de eliminar del agua, que no se degradan en el medioambiente y pueden provocar una amplia gama de problemas de salud —como bajo peso al nacer y cáncer de riñón— según advirtió la EPA, cuando informó que limitarán “para siempre” los estándares para que ni siquiera puedan ser detectables en el agua, o de lo contrario se estaría en incumplimiento.

Estas sustancias químicas se han utilizado desde la década de 1940 en productos de consumo y en la industria; por ejemplo, en sartenes antiadherentes, envases para alimentos y espuma contra incendios. Aunque se han eliminado casi por completo en Estados Unidos, todavía quedan algunos de estos contaminantes.

Lisa F. García, administradora de la Región 2 de la EPA, a la que pertenece Puerto Rico, dijo que se trata del “nuevo plomo” dada la extensión de su uso en productos de todo tipo y ante los planes de su erradicación.

Indicó que como parte de la Ley Bipartita de Infraestructura, se asignaron fondos millonarios durante dos años y se asignarán cantidades para los próximos tres años para trabajar con la situación.

“Tenemos fondos para ayudar a hacer el análisis de dónde están los contaminantes o en qué partes. Hablamos con la (AAA) y dijeron que están haciendo ese trabajo y que sí encontraron (contaminantes) en sitios… La EPA ahora tiene dinero para ayudar no solo con el análisis, sino averiguar la tecnología para reducir esa contaminación”, dijo la funcionaria en un aparte con EL VOCERO.

Según los datos suministrados por García, ya el gobierno puertorriqueño recibió para los años fiscales 2022 y 2023 un total de $3.9 millones y $15.1 millones respectivamente para dos partidas relacionadas con estas investigaciones.

La AAA, por su parte, indicó que los preparativos y adiestramientos para la toma de muestras se realizaron en 2022 con los fondos asignados. Mientras, la recolección de muestras en las instalaciones identificadas por EPA comenzaron desde este año y se extenderán hasta 2025. La corporación agregó que espera culminar el informe final de datos en 2026.

Al cierre de esta edición, la AAA no había brindado detalles de los resultados preliminares de presencia de contaminantes en el agua. Sin embargo, fuentes de EL VOCERO indicaron que el contaminante podría estar distribuido en una porción considerable de las tomas de agua.

Carmen Guerrero, directora de la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA, puntualizó que esa investigación de las condiciones de estos contaminantes emergentes “es bien importante y es vital para entonces diseñar lo que va a ser la estrategia para analizarlo”.

“De lo que se encuentre, se presentará al Congreso la necesidad de seguir atendiendo este reto tan grande que son los contaminantes emergentes”, señaló.

Al mismo tiempo, la EPA trabaja para establecer ciertas regulaciones y límites sobre los PFAS mínimos permitidos o Regulación Nacional Primaria de Agua Potable (NPDWR, en inglés). Como parte de esta regulación propuesta, la EPA está proponiendo Metas de Nivel Máximo de Contaminantes (MCLGs, en inglés) basadas en la salud para múltiples PFAS.

De ser aprobada, la regulación propuesta requeriría que los sistemas de tratamiento de agua potable monitoreen estos PFAS, notifiquen al público sobre los niveles existentes y los reduzcan si superan los estándares propuestos.

La regla propuesta también dispone que los sistemas de agua con PFAS por encima de los límites deberán instalar sistemas de tratamiento o tomar otras medidas para reducir los niveles y cumplir con las metas.

Ante ese escenario, ya la AAA comenzó un proyecto piloto en Gurabo para el tratamiento de aguas con carbón activado granular (GAC, en inglés) que es una de las alternativas que se contemplan, indicó la EPA.

“El objetivo de estos proyectos piloto es probar la efectividad del GAC, unas de las tecnologías identificadas por la EPA para eliminar PFAS del agua, en nuestro proceso de producción de agua potable. Una vez la autoridad determine la mejor tecnología para reducir los niveles de los PFAS, podrá incorporar los proyectos necesarios a su programa de mejoras capitales para que sus sistemas cumplan con esta nueva regulación e identificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo de los mismos”, dijo en declaraciones escritas la presidenta de la corporación, la ingeniera Doriel Pagán.