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  Por el libro

12 de octubre de 2018

El Vocero

Las primas de seguro, especialmente en las pólizas de condominios, han incrementado su valor  entre un 200% a un 400%, aumentando el número de casos referidos a mitigación de pérdidas o propiedades ejecutadas y ocasionando una desestabilización de los valores, esto según discutido por expertos en un conversatorio sobre seguros y condominios.

El evento, convocado por el senador Eric Correa Rivera y la Superintendencia del Capitolio, llamó al diálogo a diversos sectores para que pudieran discutir la situación y buscar alternativas para remediar los problemas que enfrentan los condóminos.

“El aumento en las primas hace casi imposible que las familias puedan hacer los pagos según acordado. Si tenemos un cliente en loss mitigation porque no puede pagar su mensualidad hipotecaria, le subirá aún más ese pago. Esto a su vez aumentará las derramas porque las reclamaciones hechas por los condominios no cubren básicamente los daños que sufrieron tras el paso de María. Además, puede aumentar el pago de mantenimiento y ocasionar problemas en las cuentas de reserva”, comentó Wilma Alejandro, presidenta de la Asociación de Bancos, a EL VOCERO.

La también ejecutiva de Banco Popular explicó que los más de 4,100 condominios existentes en la Isla son parte del movimiento económico generando unos $30 millones mensuales. “La administración de condominios deja al erario $360 millones anuales. Los administradores cobran su sueldo y hay unos servicios que se prestan dentro de la estructura de la administración que es parte esencial de la economía puertorriqueña. Eso tienen que tomarlo en consideración”, sostuvo.

Asimismo, Alejandro aseguró que el aumento en las pólizas dificulta la otorgación de financiamiento porque no va a la par con los sueldos de la mayoría de la población boricua. “Cuando un cliente vaya a solicitar financiamiento va a tener que dar una cantidad mayor de pronto. Lo que estamos viendo es que pueden tener capacidad de pago pero no la capacidad de poder ahorrar el dinero suficiente para poder cubrir el 20% en el mercado convencional”, agregó.

En jaque los constructores y las bienes raíces

Alfredo Martínez Álvarez, presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, alegó que en Puerto Rico se necesitan sobre 300 mil nuevas unidades para satisfacer las necesidades de vivienda, pero que no se puede hacer de manera horizontal por lo que la construcción de condominios es lo más adecuado. No obstante, ante el aumento en los seguros, la construcción de este tipo de complejos se ve amenazada.

“Se necesitan nuevas viviendas adicionales a las que han sido reposeídas. Si estos costos de prima siguen aumentando sustancialmente, la gente no va a querer vivir en condominios. La gente no va a poder pagar y eso se traduce a morosidad en los pagos de mantenimiento. Todos estos elementos afectan los costos de construcción porque no hay quien pueda pagar derramas”, mencionó.

Igualmente, Martha Nasser del San Juan Board of Realtors, acotó que la depresión económica junto al aumento descontrolado de los seguros hipotecarios, incide sobre la industria de las bienes raíces porque las propiedades han depreciado en un 30% y las cualificaciones de compra han mermado.

Por otro lado, los expertos argumentaron que los beneficiarios del programa de vivienda Sección 8 que residan en condominios podrían verse afectados porque tendrían que incurrir en el pago de la diferencia que generen los aumentos.

Buscan evitar el aumento

Correa, quien también es presidente de la Comisión de Banca, Seguros y Cooperativismo del Senado, aseguró que la Asamblea Legislativa busca desarrollar una medida que evite el aumento de los seguros.

“Se les dio la oportunidad a las aseguradoras de que trabajaran la situación y todavía no estamos contentos con su ejecución. Todavía hay gente y agencias de gobierno que no han cobrado los seguros. Hay que enmendar la ley para garantizarle los beneficios a los consumidores”, añadió.

Correa mencionó que actualmente analizan el Proyecto de la Cámara 1645, que establece un remedio civil específico para proteger al asegurado en circunstancias como la de un desastre natural, y otras 5 medidas del ejecutivo.


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