Miles de casos pendientes, querellas que se tardan más de seis meses en ser resueltas, escaso personal y la necesidad urgente de una sede central es el cuadro al que se enfrenta el designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery E. Adames Soto.

En entrevista con El Nuevo Día, el funcionario explicó que por ley su oficina tiene un máximo de 180 días (6 meses) para resolver una querella, pero que su “impresión”  es que se están tardando mucho más.

Por tanto, señaló que una de sus prioridades  será agilizar la atención de querellas. Indicó que actualmente hay en la agencia unos 3,000 casos pendientes de resolución, pero  que no podía proveer cifras exactas por la dificultad de acceder a los archivos en la sede de DACO  que ubica en la Torre II de Minillas,  que está cerrada por problemas de asbesto. A principios de 2012, las querellas en espera de resolución ascendían a 3,971. 

El secretario estimó que  en el 2012 se radicaron 9,300 querellas, un aumento de 60 en comparación con las 9,240 radicadas en el 2011. La mayoría de las querellas pendientes están relacionadas con automóviles, ya sea concesionarios, mecánicos u hojalateros. Le siguen las misceláneas, donde caen las relacionadas a compraventas en comercios. En tercer lugar, quejas de condominios donde el desarrollador dejó el complejo sin que se haya constituido una junta ni haya administrador. En cuarto lugar, están las querellas de construcción mayormente contra chiriperos.

Adames Soto indicó que las querellas que más tardan en ser resueltas  son las radicadas contra concesionarios de autos que usualmente “tienen muchos abogados”. Indicó que en este renglón ha visto casos que se han tardado hasta dos años.

Escasez de personal

Ante la necesidad de agilizar los trabajos en DACO, su nuevo secretario señala que su primera acción será reorganizar administrativamente la agencia que ha perdido más del 40% de su personal, para reenfocar tareas y prioridades.  En el 2008, DACO contaba con 359 empleados y al día de hoy tiene menos de 190.  

Como “tenemos poco personal y estamos en tiempos de mesura, me dispongo a contratar un ingeniero industrial para maximizar lo que tenemos con el recurso que tenemos”, de forma tal que se cubran de forma efectiva todas las áreas, aseguró Adames Soto, cuya oficina en el 2008 contaba con 70 empleados y ahora solo tiene 14.

Explicó que la reducción de personal se debe, principalmente, a los despidos y retiros incentivados bajo la Ley 7 y la ventana de retiro ofrecida bajo la Ley 70. La agencia también sufrió un recorte de más de $2 millones para el presupuesto de este año fiscal que asciende a $11.5 millones en comparación con el del pasado año,  cuando contó con $14.11 millones.

Otra prioridad del secretario designado es resolver el problema de su oficina central. “Es una situación apremiante”, expresó  Adames Soto, quien indicó que actualmente unos 50 empleados de DACO, incluidos los de la región de San Juan, se ubican en un espacio en el edificio de la Administración del Retiro en Hato Rey.  “Se supone que eso (el traslado) fuera un asunto temporal y ya llevamos seis meses”, dijo el funcionario que  desconoce  cuándo  regresarán al Centro Minillas. 

Pero el panorama no  amilana a  Adames Soto, quien  recalcó que “tenemos que echar pa’lante con lo que tenemos”. “El motivo de DACO es vindicar los derechos de los consumidores, orientarlos sobre sus derechos. Y eso no cesa ahí, sino que hay que concretizar esos derechos a través de los procedimientos administrativos de la agencia”, afirmó.

Adames Soto indicó que su enfoque principal  será la orientación al consumidor, y  buscar cómo  simplificar  la legislación y los reglamentos que afectan a la agencia. “Nos afectan varias legislaciones y 56 reglamentos; hay que ver cómo se simplifica ese universo”, expresó el secretario designado. “Ahora mismo uno llega a DACO y se encuentra un montón de legislaciones y uno no sabe muy bien qué derecho tiene cada cual”, afirmó. Con esa meta de aclarar y simplificar,  Adames Soto  persigue que el consumidor y el negociante sepan a qué atenerse. 

Además, sostuvo que revisará si DACO está siendo eficiente  con  el cobro de multas. Aunque no pudo ofrecer datos sobre cuánto genera la agencia en recaudo de multas, dio como ejemplo el caso de San Juan, donde en julio 2012 se recaudaron $4,350. En septiembre 2012, se recaudaron $7,880 por multas transadas y $3,600  por multas que se pagaron sin apelar la  imposición.

Añadió que por el cobro de servicios que DACO presta (que incluye servicios del laboratorio de pesas y medidas) hay en la calle $400,000 sin cobrar.