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Un proyecto de ley que pretende retrotraer al pasado la práctica de retener las licencias de conducir a los infractores a la ley de vehículos y tránsito, encontró hoy la oposición de la Policía y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

La medida del senador Ramón Ruiz Nieves dispone que la licencia se mantendrá en el cuartel donde se cometió la falta hasta que el conductor acredite fehacientemente el pago de la multa impuesta, o que un tribunal competente la deje sin efecto, en cuyo caso procederá de inmediato con su devolución.

Esta práctica, que estuvo vigente hace años, no encontró eco en la Policía ni tampoco en el DTOP, que de aprobarse la medida transcurridos 60 días de la expedición de la multa tendrá la custodia el CESCO correspondiente al área del infractor.

Las posiciones de ambas agencias se produjeron en una audiencia pública de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Transportación que preside Rodríguez González, en la que se consideró el P. del S. 994.

La asesora legal de la Policía, Estrella Mar Vega Soto, sostuvo, acompañada del inspector Jorge Hernández Peña, que retroceder al sistema anterior de que el agente del orden público ocupe la licencia de conducir, hasta que la persona pague la multa impuesta, podría acarrear la pérdida de esa licencia en cuarteles, dado el número de intervenciones que la Policía realiza en las vías públicas.

Esto, dijo, agravaría la situación puesto que otro de los propósitos de los propósitos de la Real Id Act, aprobada en Estados Unidos, es convertir a su vez la licencia de conducir en un documento oficial fehaciente de identificación de la persona ante las agencias de los estados y federales.

El inspector Hernández Peña informó, a preguntas del senador Martín Vargas Morales, que durante los primeros tres meses del presente año, la Policía realizó unas 257,100 intervenciones a conductores.

Actualmente los conductores, independientemente del monto de la deuda que tengan, van a un tribunal por derecho propio y se declaran culpable, y el juez le impone una multa de 100.00 dólares, que el individuo paga, y queda eliminada la deuda pendiente.

La licenciada Vega Soto, que se mostró de acuerdo en someter un proyecto sustitutivo, explicó que la realidad jurídica de la Ley 22-2000 es que muchas de las conductas son faltas administrativas. “Entonces, cuando vienen proyectos que pretenden, que si no se paga en cierto tiempo, lo convierte en un delito menos grave, pues se obra en contra de la Constitución porque no va a haber proporción entre la conducta administrativa y la sanción a imponerse”, explicó la licenciada Vega Soto a nombre del jefe de la Policía, José Caldero López.

El inspector Hernández Peña propuso que sería conveniente evaluar a los conductores agresivos, lo que ya se establece en su licencia, que paguen una prima mayor en su seguro de responsabilidad pública, porque son más propensos a tener choques.

Comentó, además, si DTOP tiene algún inconveniente porque, cuando va a sacar el marbete, si no paga la multa, se le deniega.

El representante del DTOP, Giovanni Matos, sostuvo a nombre del secretario Miguel Torres Díaz, que es muy prematuro para opinar si la endosa, aunque después expresó que la medida no cuenta con el respaldo de la agencia.

Torres Díaz indicó en expresiones escritas que el DTOP tendría que asumir la custodia sobre la licencia de conducir ocupada por la Policía.

“Para esto, sería necesario establecer mediante reglamento el proceso de la entrega”, dijo al recordar que la licencia de conducir es una identificación indispensable para múltiples gestiones y actividades económicas.