23 de agosto de 2018

El Vocero

Una demanda de clase fue presentada ayer en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, contra las compañías aseguradoras, con la exigencia de sobre $1,200 millones en resarcimiento por daños, pérdidas y perjuicios, relacionados a sus reclamaciones luego del huracán María.

 “causados por las prácticas dilatorias desleales implantadas tras el paso del huracán María”.

El curso de acción sostiene que los asegurados sufrieron daños relacionados a la incertidumbre de esperar mientras las aseguradoras no completaban el proceso de investigación, ajuste, resolución y pago de reclamaciones, dentro del término dispuesto por ley. En el proceso, los asegurados indican que enfrentaron las complicaciones de no poder restablecer su vida personal, familiar y sus negocios a la normalidad, mientras lidiaban con el patrón de atrasos, redundancias, complicaciones, interpretaciones legales y contractuales irrazonables, y dejadez que las aseguradoras demandadas pusieron en vigor.

Además, incluye aquellos asegurados que reclamaron pérdidas, pero entienden que la indemnización pagada fue incompleta, por dejar de incluir una suma para el pago del impuesto de ventas y uso (IVU) como parte de las pérdidas compensadas. SEgpun el recurso, los asegurados necesariamente tendrán que pagar IVU por los bienes y servicios que adquieran para reconstruir sus propiedades.

Entre los demandantes figuran: EMJ Properties, Inc., Dr. Jesún Manuel Salgueiro, Edificio Bravo Ramírez, Inc., Dr. Luis E. Santini, D’Mart Institute, Inc., Nexxt Level de Puerto Rico, LLC, VR Enterprise, Inc., y Necco, Inc., entre otros. El licenciado Aníbal Núñez, del bufete Sepúlveda, Maldonado & Couret, explicó que una vez quede certificada la clase en el tribunal, se constituirá el remedio legal para toda la clase.

“Por lo tanto, de proceder la acción legal, toda la clase recibiría resarcimiento. Todavía la clase no ha sido definida por moción certificada, pero se trata de aquellos asegurados, con pólizas vigentes que sufrieron daños y pérdidas de propiedad y contingencia, cuyos ajustes y dilación irrazonable de los procesos causó daños adicionales. Aún estamos comenzando el proceso, el cual consiste de varias etapas”, explicó Núñez.

Dijo que decidieron llevar el recurso como un pleito de clases, ya que hay unas 100 mil acciones individuales de asegurados, lo cual podría crear un riesgo de inconsistencia en las adjudicaciones, y también resultaría difícil para cada asegurado hacer valer su derecho por separado.

Las compañías incluidas en la demanda son Mapfre, Triple-S Propiedad, Inc., One Alliance Insurance Company, AIG Insurance Company-Puerto Rico, Multinational Insurance Company, Real Legacy Assurance Company, INC., QBE Optima Insurance Company, Integrand Assurance Company, United Surety & Indemnity Company, Antilles Insurance Company, Caribbean American Property Domestic Insurance Company, y la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico.

Entre los hechos relevantes que se exponen en la demanda se mencionan las ganancias experimentadas por la industria de seguros previo al huracán María, la experiencia que dejó, las investigaciones de la Asamblea Legislativa ante las quejas contras dichas compañías, la intervención del gobierno y la imposición de sanciones, entre otros.

Reacciona el sector de las aseguradoras

La directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), Iraelia Pernas, reiteró que el huracán María se trató del fenómeno más grande que haya pasado por la Isla, donde las aseguradoras no estuvieron exentas de las dificultades del País. “Sin embargo, se han desplegado en servir los más pronto posible a los asegurados, acorde con sus pólizas y su justa paga. Si hay alguna industria regulada, somos nosotros. La ciudadanía debe estar tranquila de que se les va a pagar lo que les corresponde acorde con sus pólizas. Aquí no pretendemos hacer daño a nadie, ya que finalmente sería en prejuicio nuestro”, señaló Pernas, y aclaró que no todos los demandados pertenecen a su matrícula. Dijo no estar sorprendida con la acción legal.

Por su parte, el Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, indicó que los asegurados tienen el derecho de acudir ante los tribunales cuando así lo entienden. Mencionó que su agencia no tiene potestad legal para indemnizar por daños y perjuicios, pero atiende otras circunstancias, como el monto de las reclamaciones.

“La demanda reconoce la labor que esta oficina ha realizado para avanzar este evento. Hemos maximizado las facultades en ley provistas en el Código de Seguros de Puerto Rico. Hemos emitido sobre 40 órdenes y sobre 7,000 multas, en cuyos casos ya se han resuelto el 97% de los casos. Hemos radicados 19 cartas normativas y otras circulares, además de acciones proactiva. La oficina ha hecho su parte. El trabajo está hecho por nuestra parte”, afirmó Rivera Ríos.