29 de julio de 2011

Procurador General de NJ

NEWARK- La Fiscal General Paula T. Dow y la División de Asuntos del Consumidor del Estado han puesto una demanda en contra de dos compañías y su dueño que ofrecían servicios de modelo y talento, alegando entre otras cosas, que se envolucraron en prácticas engañosas para hacer que consumidores entraran en acuerdos por escrito para pagar por servicios que presuntamente ayudaría a sus hijos entrar en carreras de modelo y de teatro.

Más de 200 consumidores han remitido quejas a la División en contra de Industry Model and Talent Studios, LLC ("IMTS"), o la corporación que le sucedió, Interface 1, LLC. Roman Vintfeld era dueño de IMTS, previamente localizada en Edgewater. Vintfeld también es dueño de Interface 1, localizada en East Brunswick,

La demanda del estado de cuatro cargos, puesta en la Corte Superior del Condado de Middlesex, nombra alas dos compañías de Vintfeld como demandados. El Estado alega que los demandados violaron el Acta de Fraude para el Consumidor a través de prácticas de negocio sin conciencia; falsas promesas y engaños y sabiendolo, omitiendo hechos materiales; así como también no proveer copias de los contratos a los consumidores.

"Alegamos que se engañó a los consumidores haciendoles creer que recibirían asistencia personal para mercadear sus hijos a empleadores de modelo o de teatro, pero últimamente terminaron pagando por caras fotografías y nada más," dijo la Fiscal General Paula T. Dow.

El estado está pidiendo restitución para los consumidores, lo que al momento totaliza aproximadamente $170,000, así como multas civiles en contra de los demandados y reembolso por los gastos de abogados y de investigación.

La demanda del estado alega que los acusados abordaron a padres con niños en galerías y parques, comentando que los niños eran muy atractivos, y obteniendo información de los padres. El Estado alega además que los acusados persuadieron a los padres a venir a sus oficinas por una evaluación gratis, a cuyo tiempo los acusados presionaron a los padres a que firmaran contratos en los que se les decía que incluía servicios de mercadeo, pero que en realidad solamente proveían una sesión de fotos.

La demanda del Estado además alega que los contratos que los acusados proveían a los consumidores tenían cláusulas que prevenían la cancelación o reembolso de la sesión de fotografía, y también renuncia de los consumidores a proceso judicial y al derecho de defenderse, compensación, o contrademanda en ninguna acción.

"Los demandados hicieron más que no entregar la promesas tan caras," dijo el Director de la División de Asuntos del Consumidor Thomas R. Calcagni. " Como está puesto en la queja, hicieron una campaña en las galerías y otros sitios buscando el blanco de sus estafas, y usando alabo y prometiendo entrar a los niños en el negocio de espectáculos, engañaron a los consumidores a que gastaran miles de dólares por sólo fotografías caras."

Las alegadas violaciones cometidas por los acusados son:

Hacer creer a los consumidores que eran una agencia de moldelo/talento;

Hacer creer a los consumidores que ellos podían poner a alguien en la industria de modelo o de entretenimiento;

Engañar a los consumidores usando el nombre de "Industry Model and Talent Studios, LLC", cuando en realidad sólo hacían negocio de fotografía;

Diciendole a los consumidores falsamente que no había ningún cargo envuelto en la primera visita o evaluación;

Diciendo engañosamente una cosa distinta de los términos actuales del Photoshoot Agreement y de la en línea Composite Membership Agreement;

Exigiendo de los consumidores contratos por escrito o acuerdos sin proveerles la suficiente oportunidad de leerlos y comprender los términos del acuerdo; y

Engañar a los consumidores diciendoles que firmaran los Photoshoot Agreement, leerlos cuando estuvieran en la casa, y llamarlos luego con cualquier pregunta, cuando por los términos del Acuerdo no se podían cancelar o reembolsos no se podían dar.

Una violación inicial del Acta de Fraude para el Consumidor resulta en una multa civil de $10,000, con cada subsecuente violación de hasta $20,000.

El Delegado del Fiscal General Frank J. Marasco de la Sección de Prosecución de Fraude al Consumidor , representó al Estado en esta acción. Investigadores en la Oficina de Protección al Consumidor condujeron la investigación.