5 de mayo de 2011

Procurador General Florida

TALLAHASSEE (Fla) – Hoy la procuradora general, Pam Bondi, anunció que Florida llegó a un acuerdo multiestatal por $90.8 millones con el Union Bank of Switzerland AG (UBS) por su supuesta participación en una maniobra en toda la nación para arreglar licitaciones e involucrarse con otras prácticas anticompetitivas y fraudulentas relacionadas con derivados de bonos municipales con la que estafaron a las agencias estatales, entidades gubernamentales locales y entidades sin fines de lucro. El acuerdo multiestatal forma parte del acuerdo que el UBS también tiene de manera simultánea con la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la Comisión de Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) y el Servicio de Ingresos Internos (Internal Revenue Service, IRS).

"El fraude en el proceso de licitaciones, al igual que otras prácticas fraudulentas, es ilegal y responsabilizaremos a los bancos y a los agentes por sus acciones", dijo la procuradora general Bondi. "Me complace saber que fuimos capaces de llegar a una solución que le devolverá el dinero a las entidades que resultaron perjudicadas por esta actividad fraudulenta".

De conformidad con el acuerdo, el UBS ha aceptado pagar $63.3 millones para devolver, en toda la nación, el dinero a las agencias estatales, a las entidades gubernamentales locales y a las organizaciones sin fines de lucro que celebraron contratos de derivados municipales con el UBS, o que usaban al UBS como su agente para dichas transacciones, entre 2001 y 2004. Además, el UBS aceptó pagar una multa civil de $2.5 millones y $5 millones en honorarios y costos de la investigación a los estados que acordaron. El acuerdo estatal también exige que el UBS pague $20 millones como devolución directamente a ciertas entidades gubernamentales y sin fines de lucro como parte de un acuerdo separado que celebró hoy con la SEC.

Los acuerdos globales de hoy son el resultado de una investigación penal y civil que se está llevando a cabo y en la que participan 25 procuradores generales y autoridades federales. La investigación se centra en personas del UBS, otras instituciones financieras importantes y ciertos agentes relacionados con el mercadeo y la venta de inversiones en derivados municipales, que son contratos típicos de inversiones que los emisores gubernamentales y las entidades sin fines de lucro usan para reinvertir las ganancias de las ofertas de bonos exentos de impuestos hasta que se necesiten los fondos o para protegerse contra el riesgo de la tasa de interés. Las transacciones se otorgan, por lo general, después de un proceso de licitación competitivo o se negocian directamente entre la institución financiera y el emisor.

Según el acuerdo, el UBS debe suministrar a los procuradores generales los estándares de conducta por escrito sobre las prácticas comerciales antimonopolio y desleales y entregar una copia a sus empleados. El UBS ha manifestado que puso fin a su conducta ilegal y también debe cooperar con la investigación en curso de los procuradores generales sobre la conducta fraudulenta relacionada con los derivados de bonos municipales.

Otros estados que se unieron al acuerdo de Florida con el UBS son: Alabama, California, Colorado, Connecticut, Distrito de Columbia, Idaho, Illinois, Kansas, Maryland, Massachusetts, Michigan, Misuri, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Tennessee y Wisconsin.