2 de mayo de 2011

My Florida Legal

TALLAHASSEE (Fla)- La procuradora general, Pam Bondi, anunció hoy que su oficina inició una demanda contra tres compañías de Florida del Sur que, supuestamente, cobran anticipos por servicios de modificación del préstamo a los propietarios que enfrentan ejecuciones hipotecarias. Conforme a la F.S. 501.1377, cobrar sumas anticipadas por estos servicios es ilegal. Home Owner Protection Economics, Inc., DC Financial Group, Deleverage America, Inc. y los propietarios Dennis Fischer y Christopher S. Godfrey cobraron miles de dólares mensuales, a sabiendas, anticipos por servicios de modificación de préstamos que nunca proveyeron. Como consecuencia de la demanda iniciada por la Oficina de la Procuradora General, el Tribunal de Circuito del condado de Palm Beach ordenó que se congelen los activos de los acusados y que se les prohíba operar hasta un nuevo fallo del tribunal.

Una investigación llevada a cabo por la División de Delitos Económicos de la Procuradora General indicó que estas compañías, con sede en Delray Beach, supuestamente estaban cobrando anticipos que oscilaban entre $495 y $2,000 por servicios de modificación del préstamo hipotecario que nunca proveían. Al parecer, los acusados hacían creer a los dueños de viviendas que trabajarían con los prestamistas para reducir la deuda y evitar la ejecución de la hipoteca cuando, en realidad, nunca se ponían en contacto con los bancos prestamistas en nombre de los propietarios. Se supone que las compañías se dirigían a cientos de propietarios de toda la nación a través del telemercadeo, correo directo, correo electrónico e Internet, y publicidad en la prensa y televisión.

De acuerdo con la orden judicial del viernes, se prohíbe a estas empresas e individuos que participen en servicios de modificación de préstamos o que acepten anticipos mientras el juicio esté pendiente. La demanda intenta obtener una medida cautelar permanente que prohíba a los acusados cobrar anticipos, la restitución a todos los consumidores afectados, multas de $15,000 por cada violación a la Ley de Prevención de Fraudes en Ejecuciones Hipotecarias, y el reembolso de honorarios y costos relacionados con la investigación.

Los propietarios afectados pueden presentar una queja en el sitio web de la Procuradora General en www.myfloridalegal.com o llamando a la línea directa contra el fraude al 1-866-966-7226. Más información sobre los esfuerzos de la Procuradora General en la lucha contra el fraude hipotecario, además de toda información útil para los propietarios que se encuentren en dificultades también se encuentra disponible en www.myfloridalegal.com.