27 de abril de 2011

Procurador General de Texas

HOUSTON – Un jurado del Condado de Harris emitió un veredicto de 13.8 millones de dólares contra una empresa de reparación de deudas y su propietario, tras determinar que en violación a la ley estatal, defraudaron a texanos endeudados y no se registraron ante las autoridades. El jurado determinó que Jubilee Financial Management LLC, The Credit Card Solution (TCCS), Freedom from Debt Alliance y Robert M. Lindsey usaron artificios ilícitos de "invalidación de deudas" que supuestamente ayudaban a texanos en apuros económicos.

Conforme a la acción legal del Estado, los demandados aseguraban a clientes que podían eliminar sus deudas de tarjetas de crédito y restaurar su clasificación crediticia. Los demandados afirmaban poder ayudar a deudores a aprovecharse de fisuras en el sistema de reporte de crédito y a entablar acciones legales contra los cobradores de deudas por infracciones de la Ley de Prácticas Justas para el Cobro de Deudas (Fair Debt Collection Practices Act). El simple hecho de entablar demandas, según las falsas afirmaciones de los demandados, le permitiría a los clientes borrar sus deudas y cosechar miles de dólares por medio del pago de daños dictaminados por la corte contra cobradores de deudas.?

Más de 700 personas pagaron un promedio de 3,000 dólares por los servicios fraudulentos de los demandados. Debido a que los demandados no daban nada de valor y cobraban miles de dólares por los supuestos servicios, los clientes que ya estaban en apuros quedaban en una situación económica peor después de pagarle a TCCS. Cuando el cliente le pagaba a TCCS, los demandados prometían ayudar a sus clientes a enviar "cartas modelo" a los cobradores de deudas y las agencias de reportes de crédito. Los demandados afirmaban que las cartas modelo pondrían a los recipientes bajo aviso, lo cual TCCS afirmaba al final de cuentas sería de beneficio económico para los clientes.

Después de un juicio que transcurrió durante una semana, el jurado pronunció que los cuatro demandados infringieron la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas y la Ley de Servicios de Crédito de Texas (Texas Credit Services Act). Asimismo, el jurado pronunció que Lindsey y TCCS infringieron la Ley de Oportunidad Empresarial de Texas (Texas Business Opportunity Act). Estas infracciones surgieron del intento de los demandados para utilizar a clientes para vender servicios fraudulentos a otros texanos en apuros económicos. Conforme a la ley estatal, los comerciantes de multi-nivel deben registrarse con el Secretario del Estado de Texas y obtener una fianza para operar legalmente en el estado, sin embargo los demandados no hicieron esto.

Los subprocuradores Scot Clinton y Rick Berlin representaron al Estado de Texas en el juicio. La Procuraduría General continuará trabajando para identificar y decomisar bienes que serán utilizados para pagar la cantidad establecida por el jurado.