12 de enero de 2011

Primera Hora

Las órdenes, emitidas entre el 7 de diciembre de 2010 y el 3 de enero de 2011, son contra My Credit Cleaner y Bárbara Cancel Dones; CS Consulting Service y Connie Sáez Rivera; Creditfix y Alberto Núñez Cárdenas; Clean Credit Option y Angel Concepción Rivera; Credit Now Manatiense, Alfredo Pabón Crespo, Credit Store y Ariana Almodóvar Lorenzo; Credit Now de Arecibo, Alfredo Pabón Crespo, Credit Store y Ariana Almodóvar Lorenzo; y Credit Now de San Sebastián, Joshua Carmona Rosa, Credit Store y Ariana Almodóvar Lorenzo.

En los primeros cuatro casos el patrón fue similar: los consumidores firmaron contratos con estas personas para recibir servicios de restablecimiento de crédito y realizaron los pagos establecidos, pero no recibieron los servicios. My Credit Cleaner, CS Consulting Service, Creditfix y Clean Credit Option no tienen licencia de la OCIF para operar el negocio como agencia restablecedora de crédito.

Mientras, en los otros tres casos, la OCIF detectó que los presidentes de Credit Now Manatiense, Credit Now de Arecibo y Credit Now de San Sebastián vendieron las acciones de esas compañías a Credit Store sin cumplir con lo establecido en la Ley para Reglamentar las Agencias Restablecedoras de Crédito.

A eso se suma que las licencias otorgadas a las Credit Now vencieron y las agencias continuaron ofreciendo servicios sin contar con licencias para operar.

En las órdenes, la OCIF les exige a las personas involucradas que muestren causa por la cual no les deba imponer multas de $10,000 por violaciones a la Ley para Reglamentar las Agencias Restablecedoras de Crédito. Además, en los primeros cuatro casos les ordena devolver a los consumidores afectados el dinero que pagaron por los servicios, así como desistir de anunciarse como agencias restablecedoras de crédito.

Las personas intervenidas deberán entregar en los 10 días posteriores a recibir la querella de la OCIF varios documentos, entre ellos, la lista de clientes, detalles de sus cuentas financieras y de los medios de comunicación en los que publicaron sus anuncios.

De incumplir las órdenes emitidas por la OCIF, las personas pueden enfrentar multas administrativas adicionales por $5,000 diarios hasta un máximo de $50,000. Cualquier parte afectada por la orden, podrá solicitar reconsideración en un término de 20 días contados a partir de la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden.

"La Oficina que dirijo no tolerará acciones que, no sólo son contrarias a la ley, sino que minan la confianza del pueblo. En la OCIF estamos vigilantes y actuaremos con firmeza contra toda entidad o persona que abuse contra los consumidores y la estabilidad de la industria financiera del país", aseguró hoy, martes, el Comisionado de Instituciones Financieras, Alfredo Padilla Cintrón.

El funcionario recomendó a los consumidores de la industria de restablecedoras de crédito que al solicitar algún servicio verifiquen que el proveedor tiene licencia vigente de la OCIF. En caso de duda, que se comuniquen con el área de Licencias de la OCIF al (787)723-3131 extensiones 2214, 2215, 2222 y 2223, para verificar si las personas que les ofrecen el servicio tienen licencia para operar el negocio en Puerto Rico.