24 de junio de 2010

Procurador General de Florida

TALLAHASSEE (FL) El Procurador General Bill McCollum, anunció hoy que su oficina inició una demanda contra una compañía del condado de Broward en la cual se la imputa de participar en prácticas comerciales desleales y engañosas en relación con las modificaciones de préstamos para automóviles. La demanda sostiene que Auto Relief Group, sus subsidiarias y sus propietarios, John J. Boyle y John J. Boyle III engañaban a los consumidores a través de anuncios en la radio y la televisión nacional afirmando que podían reducir los pagos de las cuotas en hasta un 50 por ciento. Ayer la Oficina del Procurador General obtuvo una medida cautelar que congela los activos de la compañía y designa un síndico para asumir la posesión y el control de la compañía.

Una investigación de la División de Delitos Económicos del Procurador General reveló que, al parecer, los representantes de Auto Relief Group dijeron a los investigadores encubiertos que ellos reunían las condiciones para que les redujeran los pagos de préstamos para sus automóviles en hasta un 50 por ciento para anticipos desde $299 hasta $375. La compañía también afirmaba que tenían relaciones con entidades prestamistas que les permitirían negociar reducciones importantes de los pagos.

Los investigadores determinaron que a pesar de que estos prestamistas habían notificado previamente a Auto Relief Group sobre su política de no negociar estos siguieron enviando solicitudes de modificación a los prestamistas. En la mayoría de los casos cuando los prestamistas aceptaron las modificaciones de los préstamos, estas consistieron en diferimientos menores de pagos debidos y no en reducciones de las tasas de interés cobradas.

La Oficina del Procurador General está trabajando aún para ubicar víctimas, pero la investigación indica que es probable que la compañía haya cobrado centenares de miles en anticipos de los consumidores por mes. Además de la medida cautelar obtenida ayer, la Oficina del Procurador General solícita la indemnización total de los consumidores afectados, multas y el reembolso de los honorarios y costas relacionados con la investigación.