20 de agosto de 2009

Procurador General Texas

AUSTIN – El Procurador General de Texas Greg Abbott tomó hoy acción legal para recuperar 4.6 millones de dólares que una empresa de "liquidación de deudas", que se declaró en bancarrota, retuvo indebidamente de sus clientes en Texas y otros estados.

En junio, Debt Relief USA Inc. de Addison presentó una solicitud de protección de bancarrota en el Distrito del Norte de Texas, lo cual causó que más de 2,500 clientes económicamente afligidos no recibieran el alivio de la deuda que se les había prometido. De hecho, sus problemas empeoraron con la declaración de bancarrota porque algunos de los clientes no recibieron ayuda y ahora están siendo perseguidos por empresas de cobro de deudas.

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Demanda del Procurador General contra Debt Relief USA Inc.

Según los investigadores de la Procuraduría General, Debt Relief USA se enfocaba en personas con miles de dólares en deuda no asegurada y le prometía a sus clientes que estarían "libres de deudas en tan solo 36 meses".

Bajo el modelo de Debt Relief USA, los deudores dejan de pagar sus deudas para ahorrar el dinero que le hubieran pagado a los acreedores a lo largo de un tiempo. En lugar de pagar al acreedor, los clientes hacían un pago mensual a Debt Relief USA, la cual prometía negociar después pagos reducidos con los acreedores.

Sin embargo, los investigadores indican que Debt Relief USA cobraba una "cuota administrativa" de aproximadamente 8 por ciento de la deuda total del consumidor, al igual que "cuotas de mantenimiento" mensuales de hasta 40 dólares. Si la empresa liquidaba con éxito una deuda, cobraba una "cuota de negociación" de 13 por ciento de la cantidad ahorrada.

Según documentos que presentó el estado ante la corte de bancarrota, Debt Relief USA cobró fondos "reservados" a sus clientes. Sin embargo, el Código de Finanzas de Texas prohíbe los fondos reservados a menos que la empresa tenga licencia o esté registrada y haya presentado una fianza ante la Oficina del Comisionado de Crédito al Consumidor. La empresa no cumplió con estos requisitos legales de registro y fianza. Por lo tanto, la Procuraduría General presentó una prueba de reclamación en el caso de bancarrota en busca de restitución para los deudores que resultaron económicamente perjudicados y la devolución de cualquier cuota que pagaron antiguos o actuales clientes a Debt Relief USA.

Además, la Procuraduría General tomó acción para proteger la privacidad de los clientes de la empresa demandada argumentando con éxito que se deben remover del archivo público sus nombres e información confidencial. La Procuraduría General también logró que el caso de bancarrota fuera cambiado de un caso de reorganización Capítulo 11 a una liquidación de Capítulo 7 con un fideicomisario neutral asignado por la corte. Los deberes del fideicomisario incluirán la liquidación del deudor y el pago de reclamos de acreedores.

Investigadores de la Procuraduría General determinaron que Debt Relief USA a menudo no contactaba a los acreedores en nombre de sus "clientes", lo cual provocaba daños a los reportes de crédito de sus clientes y hasta demandas de acreedores para cobrar deudas. Los clientes de Debt Relief USA arriesgaban la acumulación de cuotas por retraso, intereses, cargos por sobrepasar el límite y otras cuotas asociadas con la cuenta del acreedor. Por lo tanto, aunque se llegara a un acuerdo conciliatorio, los clientes a menudo debían considerablemente más, lo cual reducía el ahorro por liquidar la deuda. Además, cualquier ahorro realizado bajo un acuerdo está sujeto a impuestos ya que se considera un "ingreso".

Además de la restitución, la Procuraduría General intenta obtener sanciones civiles de hasta 20,000 dólares por infracción a la Ley de Texas Contra Prácticas Engañosas (Texas Deceptive Trade Practices Act), al igual que honorarios de los abogados.