10 de agosto de 2009

HUD

WASHINGTON - La Administración de Vivienda Federal (FHA) suspendió hoy a Taylor, Bean & Whitaker Mortgage Corporation (TBW) de Ocala, Florida, impidiendo así a la empresa originar y asegurar nuevas hipotecas aseguradas por la FHA. Además, la Asociación Hipotecaria Nacional Gubernamental [Government National Mortgage Association (Ginnie Mae)] se dispone a interpelar y terminar a TBW como un emisor en su programa de Valores Respaldados por Hipotecas (MBS) y termina la habilidad de TBW para servir valores de Ginnie Mae. Esto quiere decir que, efectivo inmediatamente, TBW no emitirá valores de Ginnie Mae, y Ginnie Mae tomará control de la cartera de Ginnie Mae que tenía TBW, valorada en casi $25 mil millones.

La FHA y Ginnie Mae imponen estas acciones debido a que TBW no presentó un informe anual requerido y falsificó que no existían asuntos sin resolver con su auditor independiente, a pesar que el auditor cesó su auditoría financiera después de descubrir ciertas transacciones irregulares que levantaron sospechas de fraude. La suspensión de la FHA también se basa en que TBW no divulgó la información y sus falsas certificaciones para esconder, aquello que estaba sujeto a dos investigaciones relacionadas a sus prácticas de negocios durante el año pasado.

"Hoy hemos suspendido una compañía, pero este es un claro mensaje que debería ser escuchado a través de toda la gama crediticia de la FHA - operar dentro de nuestras normas o no haremos negocios con usted", dijo el secretario de HUD Shaun Donovan.

David Stevens, comisionado de la FHA, señaló, "TBW no proporcionó a la FHA registros financieros que nos ayuden a proteger la integridad de nuestro fondo de seguros y nuestra habilidad para continuar un historial de 75 años de promover, conservar, y proteger el sueño americano. "También estábamos preocupados de que la compañía no sólo que no reveló que era blanco de una investigación multi-estatal y una acción separada por el estado de Kentucky, sino que también certificó falsamente no haber sido sancionado por ningún estado. La FHA no tolerará prácticas crediticias irresponsables".

Joseph Murin, presidente de Ginnie Mae expresó, "Contamos con que los prestatarios que participan en nuestro programa sepan respetar y adherirse a nuestros requisitos. Las acciones de TBW levantan un sinnúmero de preocupaciones que nos han obligado a tomar pasos para proteger el programa. Quiero asegurar a los clientes de TBW, cuyos préstamos sirven como colateral para los valores de Ginnie Mae, que aunque esta acción resultará en un nuevo servidor, la transición para ellos será fluida".

La suspensión inmediata de TBW es por un periodo temporal pendiente a la conclusión de una investigación realizada por la Oficina del Inspector General de HUD, una revisión en curso por la Oficina de Vivienda del Departamento y cualquier otro procedimiento legal que pudiese ser necesario. TBW es la tercera agencia crediticia de respaldo directo más grande para préstamos asegurados por la FHA y el octavo emisor más grande de valores respaldados por hipotecas de Ginnie Mae. La FHA decidió que suspender a TBW inmediatamente es en el mejor interés público y necesario para proteger los intereses financieros del Departamento.

TBW puede apelar su suspensión inmediata mediante la presentación de una solicitud por escrito para ser escuchado ante un juez de ley administrativa dentro de 30 días. Dicha solicitud no retardará la acción anunciada por la FHA hoy.

Junto con la suspensión de TBW, HUD envió notificaciones de una propuesta de exclusión para el oficial ejecutivo jefe de TBW, Paul R. Allen, y el presidente de TBW, Ray Bowman. La propuesta de exclusión del Sr. Allen alega que él presentó información falsa y/o engañosa a Ginnie Mae en relación con el retraso de TBW para presentar sus informes financieros auditados para el año fiscal que concluyó el 31 de marzo de 2009. La propuesta de exclusión del Sr. Bowman alega que él presentó dos certificaciones falsas a HUD sobre el Informe de Verificación Anual de TBW. El Sr. Allen y el Sr. Bowman tienen treinta días para refutar las exclusiones propuestas.