15 de mayo de 2009

Procurador General de Texas

AUSTIN – El Procurador General de Texas Greg Abbott acusó hoy a tres empresas de telemercadeo de participar en una estrategia ilegal para vender contratos de servicio para autos que comercializaban como garantías extendidas. La acción legal del estado alega violaciones a la Ley de Texas Contra Prácticas Empresariales Engañosas (Texas Deceptive Trade Practices Act, DTPA), la Ley de Texas de Divulgación y Privacidad en el Telemercadeo (Texas Telemarketing Disclosure and Privacy Act), la Ley de Protección al Consumidor de Telefonía (Telephone Consumer Protection Act) y a la Norma de Ventas de Telemercadeo de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission’s Telemarketing Sales Rule, TSR).

La acción legal del estado nombra a dos empresas de telemercadeo con sede en California, SCM Media Inc. y On Point Media Inc., junto con una tercera empresa, Pacific Guard Warranty LLC. Las empresas SCM y On Point son conocidas como generadoras de posibles clientes y se les contrata para que hagan llamadas telefónicas en nombre de sus clientes. Según los investigadores estatales SCM fue contratada por Pacific Guard Warranty LLC of Nevada, como parte de una campaña nacional para vender garantías extendidas para vehículos.

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Demanda del Procurador General contra contra empresas de telemercadeo que venden garantías para autos

"Se acusa a las empresas demandas de operar una estrategia de solicitación telefónica en todo el país que violó varias leyes de telemercadeo estatales y federales", dijo el Procurador General Abbott. "Las leyes de Texas otorgan protecciones importantes que evitan que los agentes de telemercadeo engañen a las personas que llaman para tratar de vender servicios. La acción legal tomada hoy muestra que el estado de Texas tomará medidas firmes contra los agentes o empresas de telemercadeo que violen la ley".

Según investigadores estatales, las empresas de telemercadeo demandadas usaban "números falsos" para esconder su identidad. Por lo tanto, los identificadores de llamadas mostraban un número falso cuando recibían estas llamadas.

También se acusa a las empresas de engañar a las personas sobre el estado de la garantía de su vehículo. Las llamadas pregrabadas que distribuían los demandados no solo afirmaban que la garantía del vehículo estaba "a punto de vencer", sino que también decían que esta era la "última llamada" que recibirían antes de que venciera. La demanda del estado, presentada ante una corte federal, alega que estas empresas acosaron a un incontable número de consumidores de Texas por medio de una campaña consistente de llamadas de telemercadeo engañosas y abusivas a los teléfonos celulares y de la casa de los consumidores.

Además, no se ofrecía una garantía extendida para vehículo a las personas que hablaban con el personal de venta de las empresas. En lugar de ello, se les trataba de vender un contrato de servicio para el auto, no una garantía.

La acción legal presentada por el estado también indica que las empresas demandadas tampoco informaron adecuadamente a las personas que recibían las llamadas de las limitaciones de los contratos de servicio extendidos que vendían. Específicamente, los demandados no revelaron las disposiciones contractuales que requieren que los clientes mantengan pruebas de mantenimiento adecuado del auto y obtengan aprobación antes de acudir a instalaciones de reparación. Las empresas tampoco revelaron que los contratos de servicio limitan la cantidad que cubren para reparaciones específicas.

El estado está tratando de obtener una orden temporal contra las empresas que les impida:
• Usar números falsos;
• Usar un sistema automático para llamar a teléfonos celulares;
• Llamar a números que aparecen en la Lista de No Llamar de Texas; y
• Llamar a los texanos usando mensajes pregrabados sin obtener antes su consentimiento.

La acción legal del estado intenta obtener:
• $500 dólares por violación de la TSR, incluyendo 1,500 dólares por violación de la TSR a sabiendas;
• 1000 dólares por violación de la Ley de No Llamar de Texas, incluyendo 3,000 dólares por violación a sabiendas;
• 20,000 dólares por violación de la DTPA; y
• Honorarios de los abogados.