6 de abril de 2009
Procurador General de Texas
SAN ANTONIO – El Procurador General de Texas Greg Abbott acusó hoy a varias empresas de viajes relacionadas entre sí y con sede en Florida de múltiples violaciones al Código de Empresas y Comercio (Business and Commerce Law). Como respuesta, la Corte de Distrito 73 del Condado de Bexar emitió una orden para congelar los activos de los demandados. Según la acción legal emitida por el estado, los demandados ofrecían regalos para atraer a los clientes y lograr que asistieran a seminarios de venta de programas para computadora sin valor relacionados con los viajes. El Procurador General busca reembolsos para 5,000 consumidores texanos que pueden haber sido perjudicados económicamente después de ser engañados y comprar el costoso programa.
Los demandados, Escapes Austin LLC y Escapes Midwest LLC, las cuales operan bajo los nombres de Global Escapes, Blue Water y Sun Tree, entre otros, hicieron negocios en Austin y San Antonio. Documentos presentados ante la corte también nombran al director ejecutivo James E. Carey III y a la administradora de miembros Gwendolyn F. Carey. Según la acción legal del estado, los demandados usaron información por correo postal y llamadas de telemercadeo para informar a los posibles clientes que habían "ganado" cruceros gratis, estadías en un hotel, vehículos, vuelos o relojes caros. Sin embargo, para poder recibir el premio decían que las personas tenían que hacer una cita para asistir a una presentación de ventas.
También decían a los clientes "elegidos" que solo tenían que pagar los impuestos por los regalos. No se informaba a las personas sobre restricciones, costos escondidos, el valor general del premio ni la disponibilidad limitada de los premios. Según investigadores estatales, era difícil o costoso obtener los premios o estos no estaban disponibles en ciertas fechas. Durante los seminarios obligatorios de presentaciones de ventas, los demandados hablaban sobre su "tecnología patentada de un programa para realizar búsquedas en línea", la cual afirmaban permitiría a los compradores localizar y reservar ofertas de viajes en Internet a muy buenos precios. Los demandados entonces usaban tácticas de presión para convencer a los clientes de que la oportunidad que ofrecían con la "licencia del programa" superaba todas las demás en la industria. Los vendedores de los demandados a menudo aparentaban "negociar la rebaja" del precio del programa de 12,000 dólares a 7,000 dólares, 4,000 dólares o a "una reducción única en el precio" de 2,200 dólares. Se ofrecía financiamiento a los clientes que no podían pagar el precio de compra. En lugar de retener la deuda del comprador, los demandados con frecuencia la vendían a una agencia de cobro de deudas o a empresas de financiamiento. Después de comprar el producto de los demandados, muchos clientes no podían entrar a la página Internet privada por al menos dos semanas. Cuando los demandados finalmente proporcionaban los nombres de usuarios y contraseñas necesarios, muchos clientes enfrentaban problemas técnicos. Los clientes que obtenían acceso completo al sistema descubrían que las ofertas de viajes que les habían prometido en realidad no existían. Durante las negociaciones de venta, se les prometía a los clientes que podían devolver el producto y obtener un reembolso si no estaban satisfechos con la compra. Sin embargo, cuando los clientes insatisfechos trataban de cancelar el contrato, los demandados afirmaban que el contrato de venta era vinculante. Preocupados de que las agencias de cobro de deudas afectaran su calificación de crédito, muchos clientes también pagaron cuotas anuales de soporte técnico para "actualizar el software", aun cuando no podían ver el sistema o no lo usaban. Global Escapes y sus empresas afiliadas decían que estaban conectadas a los nombres más reconocidos en la industria de las viajes. La investigación de la Procuraduría General determinó que los demandados no tienen ninguna conexión con las asociaciones de la industria que mencionaban en sus materiales publicitarios. Bajo la Ley de Texas Contra Prácticas Empresariales Engañosas (Texas Deceptive Trade Practices Act), los demandados enfrentan sanciones civiles de hasta 20,000 dólares por violación al igual que una sanción de 250,000 dólares si la conducta estaba diseñada para perjudicar a una persona de 65 años o más. La acción legal presentada menciona numerosas violaciones a la Ley de Texas de Concursos y Regalos del Código de Empresas y Comercio. Además, la Procuraduría General acusó a los demandados de violar la Ley de Texas de Divulgación y Privacidad, conocida comúnmente como la ley de No Llamar de Texas.