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  Por el libro

13 de junio de 2006

AUSTIN - El Procurador General de Texas Greg Abbott obtuvo una orden de restricción temporal de emergencia y el congelamiento de activos en contra de una empresa en Austin que se enfocó sistemáticamente en estafar consumidores hispanos, vendiéndoles casas sin dar a conocer información importante tal como la existencia de embargos preventivos (liens).

Los acusados Roberto Flores, el agente de bienes raíces Richard Allen Small, Jr. y su empresa Galindo Trust, también han sido acusados de engañar a los consumidores diciéndoles que los correspondientes pagos de impuestos y de seguro se estaban haciendo a su nombre, cuando en realidad los acusados se quedaron con muchos de estos fondos. Como resultado de la estafa, varias casas están bajo riesgo de ser reposeídas aunque los consumidores han estado realizando sus pagos mensuales debidamente. Las casas están localizadas en la calle Galindo en el este de Austin.

"La compra de una vivienda es la inversión más importante que realizarán los consumidores en sus vidas", dijo el Procurador General Abbott. "Es inconsciente que empresas sin escrúpulos se llenen los bolsillos de dinero mientras que al mismo tiempo causan que los sueños de los consumidores de ser propietarios de sus viviendas se conviertan en verdaderas pesadillas. Tomaré todas las medidas necesarias para responsabilizar a estos estafadores y asegurarme de que enfrenten la justicia que se merecen".


Según la demanda presentada bajo la Ley de Texas Contra Prácticas Emrpesariales Engañosas (Deceptive Trade Practices Act, DTPA), Flores supuestamente le dijo a los consumidores que él era el dueño "libre y limpio" de las casas que vendía, pero en realidad Galindo Trust aún estaba pagando algunas de las casas, las cuales Flores y Small adquirieron en una compra masiva del hospital Shriner's Hospital. La demanda alega que Flores nunca le reveló la existencia de embargos preventivos a los compradores. Shriner's Hospital desconocía la existencia de la estafa y no es el enfoque de la acción legal de la Procuraduría General.


La demanda también alega que Flores a menudo le decía a las víctimas que los pagos mensuales incluían las primas de seguro de la vivienda y los impuestos de propiedad. Sin embargo, los consumidores a la larga descubrieron que los acusados dejaron de realizar los pagos a las aseguradoras y al distrito de valoración, lo cual causó que las pólizas de seguro se vencieran y los consumidores enfrentaran grandes deudas de impuestos sobre su propiedad. Además, Flores le aseguraba a los consumidores que los pagos de sus casas nunca cambiarían, pero los pagos incrementaron según subieron los impuestos a la propiedad.


Cuando algunos de los consumidores que financiaron sus compras a través de Galindo Trust intentaron vender sus casas, no pudieron hacerlo debido a la existencia del embargo preventivo de Shriner's sobre las propiedades. Fur a tal punto que se dieron cuenta los consumidores de que había alguien además de Flores con un reclamo legal sobre sus viviendas.


Los problemas de los consumidores empeoraron cuando, en 2004, los acusados dejaron de realizar los pagos a Shriner's Hospital y se quedaron con los pagos mensuales que los consumidores les hacían a ellos, poniendo a las viviendas en riesgo de ejecución de la hipoteca. En este momento Shriner's Hospital está trabajando individualmente con los consumidores para determinar si se les pueden otorgar los títulos de las propiedades.


Galindo Trust opera principalmente de la dirección 307 East Croslin, Suite 114, en Austin.


Una audiencia para considerar un mandato judicial temporal en contra de los acusados ha sido programada para el jueves 15 de junio en el Condado de Travis, en ese momento la Procuraduría General le pedirá a la corte que ratifique los términos de la orden de restricción de emergencia y mantenga vigente el congelamiento de activos hasta que se emita una orden permanente después del juicio.


El Procurador General Abbott le ofrece a los consumidores los siguientes consejos para la compra de una vivienda:

? Tome su tiempo. Desconfíe de vendedores que le presionan para que haga una decisión inmediata para que compre o firme documentos.

? Revise todos los documentos cuidadosamente antes de firmar; llévelos ante una persona independiente, tal como un abogado, para que le ayude a revisar los términos si hay algo que usted no entiende.

? Asegúrese de que esté involucrada en la transacción una empresa de investigación de títulos (title search company) para determinar quién es el dueño de la propiedad y si existen embargos preventivos o deudas pendientes por las cuales usted podría ser hecho responsable.

? Nunca realice pagos usando dinero en efectivo. Utilice cheques o giros postales.

? Si los pagos mensuales al vendedor o a la institución financiera incluyen el seguro de la vivienda o los impuestos a la propiedad, revise independiente y periódicamente con el asesor de impuestos del condado (tax assessor-collector) y con la aseguradora para verificar que las cuentas están al corriente.


Los consumidores que creen que han sido engañados en una compra de bienes raíces deben reportarlo a la Procuraduría General llamando gratuitamente al 1-800-252-8011 o presentando una queja a través de la Internet en www.oag.state.tx.us. La Procuraduría General cuenta con información y personal bilingüe para atenderle.

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