30 de noviembre de 2007

Por: Myfloridalegal.com

El Procurador General Bill McCollum anunció hoy que su oficina ha llegado a un acuerdo resolviendo una demanda traída en contra de una agencia de cobranza a morosos en Jacksonville y dos individuos acusados de prácticas de comercio engañosas. El acuerdo se enfoca en las alegaciones de que Robert Allen Hetch y Rougina Hecht, actuando individualmente y en nombre de su empresa de cobros a morosos, Allen Lewis & Associates, estaban involucrados en varias tácticas inoportunas para cobrar los pagos de los deudores.

El acuerdo pide $25,000 para indemnización de las victimas y requiere que la empresa instituye un programa de cumplimiento para asegurar que no continuarán las violaciones a los estandartes de cobros justos.

 “Las agencias de cobranzas nunca deben de emplear tácticas crueles o demasiado vigorosas para tomar provecho de aquellos que están tratando de resolver una deuda,” dijo el Procurador General McCollum. “Nuestro estado tiene estandartes en sitio para proteger a los consumidores de prácticas abusivas de financiamiento o métodos de cobros intimidatorios y continuaremos esforzando esos estandartes para el bien del público.”

 Una investigación conducida por la División de Delitos Financieros del Procurador General reveló que la empresa era contratada por los prestamistas del día de pago y compañías de instrumentos musicales para cobrar las faltas de pagos. Los empleados de la empresa supuestamente se hicieron pasar por abogados y agentes de policía e hicieron numerosas llamadas a los hogares y al trabajo de los individuos amenazando falsamente con cargos criminales para cobrar los pagos. Según la ley de Florida, esa conducta es una violación directa a la Ley de Practicas de Comercio Desleales y Fraudulentas así como también es una violación a la Ley de Cobranzas Justas (Fair Debt Collection Act.)

 Además de pagar restitución a las victimas, la empresa también será requerida que grabe todas las llamadas salientes si más de seis quejas son recibidas en un periodo de seis meses. Las llamadas grabadas pueden ser usadas como parte del programa de cumplimiento requerido el cual incluirá un oficial capacitado en el cumplimiento. Allen Lewis & Associates tienen que rembolsar al estado $30,000 por los costos de la investigación y litigio.

 Un resumen sobre las prácticas de cobros permitidas según la ley de Florida esta disponible en el sitio Web del Procurador General en:
http://myfloridalegal.com/__85256CC5006DFCC3.nsf/0/7CD1EF6DD790C14685256CC900560BD6?Open&Highlight=0,debt,collection