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  Por el libro

20 de marzo de 2008

Por: Oficina Senador Orlando Parga


El senador Orlando Parga ordenó citar al Director Ejecutivo de la AEE, Ing. Jorge R. Rodríguez, y al presidente de su Junta de Gobierno, licenciado Luis Aníbal Avilés, a una vista pública de su Comisión de Asuntos Federales y del Consumidor, señalada para el próximo miércoles 26 de marzo. La citación surge después que Parga pidió copia del acta de la reunión de la junta, en la que se aprobó el controversial reglamento que impuso un 8% de recargo a las facturas con atraso de los usuarios de la AEE, y le fuera denegada.


Hablando en conferencia de prensa improvisada en su oficina del Capitolio, Parga dijo que "el Secretario de la Junta, licenciado Milton L. Aponte Arroyo, se negó a proporcionarnos copia del acta, aduciendo que tenía que hacer la petición por escrito para entonces evaluarla. Eso es un documento público y la negativa a entregarlo confirma una conducta de secreteo que es ajena al interés público."


El senador independiente que se ha destacado por su férrea defensa a los derechos de los consumidores, expresó que "me interesa conocer los criterios que se utilizaron para adoptar un reglamento que impone una carga adicional a los clientes de la AEE que pertenecen a las clases socioeconómicas de mayor necesidad, precisamente en el tiempo más adverso económico que vive Puerto Rico." El 27 de noviembre de 2007 la Junta de Gobierno de la AEE aprobó la Resolución Núm. 3478 que autorizó los cambios al "Reglamento de Términos y Condiciones Generales para el Suministro de Energía Eléctrica" que disponen, entre otras cosas, una penalidad de 8% a los clientes que tengan dos meses de atraso, sin requisito de que el cliente sea previamente notificado. Además el nuevo reglamento ordena se suspenda el pago de intereses de un 3% sobre el dinero depositado por sus clientes al abrir sus cuentas.


"Los que aprobaron esto parecen ignorar que tienen una responsabilidad ministerial de servicio público y que la empresa que administran es una corporación pública a cargo de operar un monopolio, todo lo cual requiere un desempeño transparente e impecable. Queremos por tanto darles el beneficio de explicarse y les proveemos un foro inmediato en nuestra vista pública señalada para este próximo miércoles", enfatizo el Vicepresidente del Senado.


Parga radicó a principios de año una medida que propone crear una junta independiente para revisar y autorizar los cargos mensuales que facturan las corporaciones públicas como la AEE y la AAA. Su proyecto dispone además que ambas corporaciones deberán pagar anualmente a sus clientes, los intereses generados por las fianzas que depositaron esos clientes al abrir sus cuentas. Actualmente la AAA no paga intereses y la AEE lo hace únicamente cuando el cliente cierra su cuenta.


Según lo dispuesto por el nuevo reglamento de la Junta de la AEE, dicha corporación pública podría requerir un nuevo depósito a sus clientes después de haber desconectado el servicio por atrasos y, al mismo tiempo elimina la política administrativa de flexibilidad con los atrasos en las cuentas de sus clientes que sean envejecientes o incapacitados. "Tal acto demuestra falta crónica de adhesión al contrato social que es indispensable en el servicio público porque condena a ciudadanos en vulnerabilidad económica al corte de un servicio esencial sin alternativa o remedio", añadió el senador independiente que se ha destacado por su férrea defensa de los derechos de los consumidores.


El Reglamento fue anunciado en los medios de comunicación, suscrito el anuncio por el director ejecutivo Jorge A. Rodríguez, sin divulgarse los alcances de su contenido dispositivo. La publicación limitaba el acceso al documento a los ciudadanos que fueron a buscarlo a las oficinas centrales de la AEE, bajo el pretexto de que su contenido era extenso. "Que todo este ejercicio de abuso e insensible uso de poder se haya dado en secreto y determinaciones de significativo impacto económico para los clientes de la AEE se hayan tomado sin una divulgación amplia sobre sus consecuencias, por parte del organismo rector de una corporación pública que administra un monopolio, pone en crítico entredicho el buen juicio de los miembros de la Junta que participaron, votaron o asintieron sobre estos actos", concluyó diciendo el senador Parga.


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