12 de septiembre de 2011
El Nuevo Dia
Aunque el plan de incentivos gubernamentales ha logrado inyectar algo de vitalidad al mercado de vivienda, no ha podido despejar todavía el sombrío panorama de la industria.
El economista Graham Castillo, de la firma Estudios Técnicos, advirtió ayer que mientras el estado de la economía no mejore y con él la situación del crédito de los consumidores, la demanda de vivienda seguirá en picada.
"Lo que podemos esperar es venta de viviendas históricamente bajas en los próximos tres años", dijo ayer ante los asistentes al Congreso de la Vivienda.
Precisó que el número de unidades para la venta se estima actualmente en 28,000, de las cuales cerca de 11,440 son de nueva construcción.
Otro problema a la vista:
El problema de exceso de inventario se centra en las propiedades con precios que superan los $300,000. En cambio, muy pronto podría registrarse una escasez en las de bajo costo.
Ello, según dijo, resalta la importancia de que la industria de la vivienda atienda cuanto antes las necesidades reales del mercado.
Los cambios demográficos recogidos por el Censo del 2010 también suponen unos retos mayores para la industria. El envejecimiento de la población sumado al aumento en la emigración de boricuas hacia Estados Unidos son factores a tener en cuenta al planificar proyectos futuros.
Castillo precisó que el 55% de las propiedades en la Isla tienen un valor de sobre $100,000, a pesar de que los consumidores con un ingreso mediano pueden optar por unidades de unos $60,000.
Citando el Censo, mencionó que existen 160,627 hogares con ingresos menores a los $20,000 que destinan más del 30% de sus ingresos a los gastos relacionados al hogar.
Asimismo, indicó que unas 9,814 personas están en lista de espera para obtener vivienda pública, y unos 9,500 nuevos hogares de ingresos bajos y moderados podrían cualificar para programas federales de vivienda durante el próximo lustro.
"Enfrentamos un problema con dimensiones muy complejas que requiere un nivel de recursos extraordinarios", destacó el economista. La situación, según Castillo, también urge de una planificación estructurada con una participación amplia del sector público, el privado, y particularmente de las organizaciones sin fines de lucro.