5 de septiembre de 2011

Primera Hora

La orden de cese y desista del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) al propietario de varios restaurantes del Viejo San Juan que están cobrando una tarifa de .31 centavos por ajuste de energía eléctrica podría estar violando su derecho a la libre expresión.

Según el profesor de derecho y analista político Carlos Díaz Olivo, la acción del secretario del DACO, Luis Rivera Marín, es errónea ya que el cargo incluido por el empresario Emilio Figueroa en las facturas de sus restaurantes Parrot Club, Dragonfly, Aguaviva, Toro Sala’o, Piña Colada y Koco, es una expresión protegida por la Constitución.

Díaz Olivo dijo en WKAQ que los costos de electricidad son parte de los costos de producción de los empresarios y "cuando desglosa el componente de ajuste por electricidad no se incurre en un anuncio engañoso, está dándole más información al consumidor".

"Esta práctica que está haciendo este empresario es un ejercicio de libertad de expresión y de reclamo de un ciudadano contra el Gobierno. Es una expresión constitucionalmente protegida y cuando DACO interviene está poniéndole una censura a un ciudadano que tiene un derecho de libertad de expresión y lo menos que le conviene al gobierno de Luis Fortuño es que su secretario de DACO lo meta en una controversia con los empresarios", dijo Díaz Olivo.

"Es más yo exhorto a los empresarios que tienen esa molestia a que agreguen los costos de energía eléctrica en sus facturas y que denuncien del gobierno lo que quieran. Eso es su derecho", dijo el profesor de derecho al opinar que "eso mala política pública y mala estrategia política".

DACO emitió una orden de cese y desista a los restaurantes de Figueroa porque le añadió un cargo adicional de 31 centavos neto y lo identifica en las facturas como "AEE adjustment".