18 de agosto de 2011

El Vocero

La orden surge tras la demanda que radicó la compañía alegando que los miembros de la JRT, Vicente Aguirre y Nixyvette Santini, dieron a conocer información confidencial durante la vistas que se celebraron como parte del proceso de evaluación. Insistieron en que incumplieron con la Ley de Secreto de Negocio.

El martes pasado la JRT solicitó la desestimación de la demanda por entender que un fallo del tribunal se convertiría en académico.

Mientras, los representantes de Onelink solicitaron sin éxito la paralización de los procedimientos y que no se expidiera la franquicia alegando que se otorgaría bajo intimidación.

La presidenta de la JRT, Sandra Torres, explicó que Claro TV también demandó a Onelink porque solicitaron a la Junta -a través de mociones- la oportunidad de examinar documentos confidenciales de la compañía.

Según Torres, se considera documentos ‘board only’ aquellos que contienen precios, cargos y estrategias de negocio. En el proceso de conceder una licencia se le exige a las compañías un informe sobre la capacidad financiera, cuántos fondos invertirán y cuánto dinero le cobrarán a los clientes.

"La ley establece las distintas clasificaciones que la Junta tiene que otorgar a los documentos. La Junta tiene el deber ministerial de abstenerse de divulgar cualquier información de naturaleza confidencial que ponga en entredicho la capacidad de la Junta o cualquier compañía que acuda a la Junta", sostuvo Torres.

Por otro lado, la jueza determinó no entrar en las alegaciones de Claro TV sobre divulgación de información en la resolución del 11 de mayo – del proceso de arbitraje de World Net- porque actualmente se discute en el tribunal federal.

Sobre la otorgación de la franquicia Torres informó que trabajan con el borrador del informe que esperan este listo a finales de agosto.

Dicho proceso estuvo matizado por y hasta Claro TV solicitó la inhibición de Aguirre, por alegado prejuicio y parcialidad.

Torres se ha expresado a favor de la franquicia e insiste en que los miembros del cuerpo han retrasado el proceso en busca de resolver los ‘issues’ pendientes en otro caso que no tienen relación con IPTV. Santini y Aguirre manifestaron que tenían que aclarar dudas antes de tomar un decisión.

A pesar que el reglamento de la JRT establece un término de 180 días para evaluar el caso Claro TV lleva tres años en la espera de una respuesta. En el 2009 Onelink impugnó sin éxito el proceso. Las personas que participaron en el proceso como representantes del interés público han respaldado la solicitud de Claro, pero con restricciones.