1 de agosto de 2011

El Nuevo Dia

El Senado podría investigar el supuesto monopolio de las telecomunicaciones en Puerto Rico si se aprueba una medida de la senadora Lornna Soto dirigida a esos efectos.

La resolución 2216 establece que "al día de hoy, y en lo que respecta al mercado de televisión por cable, no tenemos una competencia efectiva. Como es sabido, las principales compañías proveedoras de televisión por cable han obtenido su franquicia para operar en el mercado de Puerto Rico de manera regionalizada".

Recuerda que "en el 1996, el Congreso de los Estados Unidos enmendó la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1937 con el propósito de acabar con los monopolios naturales y abrir el mercado de las telecomunicaciones a una competencia efectiva. Ello trajo consigo el que Puerto Rico tuviera que legislar para atemperar el mercado local a las exigencias de la nueva ley federal".

"Al día de hoy no existe en Puerto Rico una sola compañía de televisión por cable que ofrezca sus servicios a todo Puerto Rico. Como resultado, en el mercado de televisión por cable no existe una competencia real en Puerto Rico. Esto contrario a la telefonía fija, la telefonía celular, ha provocado que el consumidor puertorriqueño no tenga alternativas competitivas para proveer mejores servicios y mejores precios en el servicio de televisión por cable", señala la medida.

Añade que "es de conocimiento general que en el año 2008, Puerto Rico Telephone Company, haciendo negocio como Claro TV, solicitó ante la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones la expedición de la franquicia para ofrecer en toda la isla el servicio de televisión por cable", pero la empresa Onelink entabló una demanda en contra del proceso, que perdió hace pocos meses.

Sin embargo, la Junta no aparenta haber hecho algo al respecto pues "han sido muchos los consumidores que se han acercado a esta asamblea legislativa cuestionando que al día de hoy la franquicia de la compañía Claro TV no se ha expedido".

Dada esta situación, la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, que preside Soto, podría investigar el asunto y someter un informe en 30 días a partir de su aprobación en el Senado.