28 de julio de 2011

El Nuevo Herald

Basta con ver el caso de Luis Alejandro Sanz, que cumplió cinco años por contrabando de cocaína y lavado de dinero en la década de 1990. Sanz "rehizo" su vida abriendo una agencia de atención médica a domicilio en Miami-Dade que, según dicen las autoridades, le cobró al Medicare más de $11 millones por tratar a supuestos diabéticos que, según resultó después, en realidad no tenían la enfermedad o necesidad de enfermeros para inyectares insulina.

El Medicare le pagó a su agencia de cuidados a domicilio más de $7 millones. Para encubrir sus manejos administrativos, dicen los fiscales, Sanz hizo de su esposa, Elizabeth Acosta Sanz, la única ejecutiva de Ideal Home Health.

El martes, Sanz, de 57 años de edad, y su esposa, de 44, fueron acusados de conspirar para cometer fraude con la atención médica, de lavado de dinero y de pago de sobornos a reclutadores que, según dicen los fiscales, suministraron los pacientes del Medicare a la agencia de la pareja entre el 2006 y el 2009. Los Sanz serán instruidos de cargos el viernes.

La "conversión"de Sanz como empresario del Medicare no es nada nuevo para los delincuentes liberados. El programa federal afirma que regularmente lleva a cabo verificaciones de antecedentes penales a los operadores del Medicare, y que ha descalificado a criminales como resultado de ello, pero muchos se han deslizado a través del sistema.

"Se supone que los contratistas del Medicare sean responsables de inscribir y de seleccionar a los solicitantes, pero el proceso es ineficaz", dijo Ryan Stumphauzer, un ex fiscal federal que dirigió la sección de fraude en la atención médica en la oficina del fiscal federal de Miami, y que ahora dirige su propia firma.

"Los criminales y los ladrones pueden obtener tantos números de proveedor como quieran, reclutando a candidatos o miembros de la familia para firmar documentos", dijo. "Los candidatos no saben absolutamente nada acerca del Medicare, no tienen experiencia en la atención médica, y no podrían pasar la prueba más simple. Nunca son entrevistados o seleccionados de una manera eficaz".

En los últimos meses el programa del Medicare, financiado por los contribuyentes, ha adoptado nuevas medidas para luchar contra el fallido modelo de "pay and chase" , según el cual se paga primero a los proveedores y luego se persigue a los estafadores, después que éstos han huido con el dinero. Como parte de la nueva Ley de Asistencia Médica Asequible, el Medicare recibió $350 millones para implementar medidas más estrictas para la selección de proveedores de atención médica, y un software más sofisticado para detectar las reclamaciones fraudulentas.

Entre las mejoras: los proveedores que históricamente han representado un mayor riesgo de fraude, tales como proveedores de equipos médicos y servicios de atención domiciliaria, ahora deben someterse a pruebas de detección más amplias, incluidos los controles de antecedentes penales del FBI y la toma de huellas digitales.

Además, si los contratistas del Medicare reciben una denuncia "creíble" de fraude por parte de un paciente, los pagos a un proveedor pueden suspenderse temporalmente mientras se realiza una investigación. Las nuevas inscripciones también pueden ser suspendidas temporalmente en un área de atención médica sospechosa de fraude.

Las mejoras en la detección y la tecnología se produjeron en respuesta a pérdidas masivas para los contribuyentes en el sur de la Florida -considerada como la capital del fraude a la atención médica en Estados Unidos- y de otras partes del país. Las pérdidas por fraude al Medicare se estiman en decenas de miles de millones de dólares al año en todo el país.

La comprobación "era más bien un proceso manual en el pasado; ahora estamos utilizando bases de datos y pasando a hacerlo todo de una manera tecnológicamente sofisticada", dijo en Washington D.C. el zar antifraude al Medicare a nivel nacional, Peter Budetti. "Al mismo tiempo, todas las reclamaciones serán verificadas antes del pago", añadió. "Estamos trabajando estrechamente con las agencias policiales y compartiendo la información".

El supuesto esquema de los Sanz para estafar al Medicare fue considerado tan grave, que el magistrado federal Patrick White les negó el martes la libertad bajo fianza, diciendo que representan un riesgo de fuga.

El fiscal federal adjunto Dan Bernstein argumentó que la agencia de atención médica domiciliaria de la pareja emitió a Luis Sanz cheques por un total de $1.5 millones, y otros $1.5 millones a DASA Investments, de la que éste era presidente. La esposa de Sanz recibió una cantidad adicional de $1.65 millones, dijo. Ella también permanecerá detenida antes del juicio.

Bernstein dijo que la pareja y su agencia, Ideal, "tenían 40 cuentas bancarias independientes, y en la actualidad el gobierno no ha sido capaz de rastrear todo el dinero que este acusado y la coacusada recibieron", de acuerdo con la orden de detención de Luis Sanz.

Su abogado, Jay Moskowitz, dijo que ellos fueron arrestados por el FBI hace un mes y que sabían que la acusación formal era inminente. "Estamos lidiando con el caso", señaló, y se negó a decir nada más.

En mayo, dos enfermeros contratados por la agencia del matrimonio -Isachi Gil del Doral, y Armando Santos of Miami- fueron hallados culpables en juicios separados de cargos de fraude al Medicare, incluyendo alegaciones falsas de que inyectaban dos veces al día a pacientes diabéticos en sus casas.

Sanz, quien fuera hallado culpable en 1996 como parte de una banda de tráfico de cocaína de 20 miembros, es uno de numerosos convictos de casos de droga que han gravitado al bajo mundo del Medicare en Miami-Dade, según la fiscalía y el FBI.

Otro ejemplo: ángel Castillo Jr., oriundo de Miami-Dade, quien pasó un par de años en la cárcel por tráfico de drogas en los años ’90. Cuando salió, se dedicó por un tiempo a al cultivo de marihuana en casas antes de comprar ocho negocios de equipos médicos en el 2005.

Pagó extra por algunos negocios que ya venían con inmigrantes cubanos instalados como "falsos dueños" para proteger su identidad. Pero al fin y al cabo, luego de que Castillo recaudara $8 millones en ganancias, los agentes federales lo atraparon y fue condenado en el 2008 a 20 años de cárcel.

"Mucha gente que estaba en lo de la droga se está metiendo en este negocio", dijo Castillo a The Miami Herald en una entrevista realizada en el 2008 en el Centro de Detención Federal. "Uno lo ve como crimen de cuello blanco. No hay mucho riesgo".

Los convictos por cargos de droga, sin embargo, no son los únicos que se están metiendo en el negocio de estafar al Medicare.

Incluso un homicida convicto puede colarse. Un ejemplo es Guillermo Denis González, quien se declaró culpable de homicidio de segundo grado en 1992 y salió de la cárcel en el 2004. González compró un negocio de equipos médicos con licencia de Medicare en Miami dos años después.

él había notificado al programa federal de servicios de salud que era el nuevo propietario y presidente de DG Medical Equipment en diciembre del 2006.

En el 2009, el hombre de Hialeah se declaró culpable ante un tribunal federal de una cuenta de fraude al Medicare por presentar $586,953 en facturas falsas por colchones de aire, humidificadores y otros suministros que nunca se brindaron a los pacientes durante el 2007.

González, un inmigrante cubano de 67 años con una educación de séptimo grado, enfrentaba de dos a tres años de cárcel por el fraude. Pero la sentencia resultó inútil, ya que fue transferido a custodia estatal para ser juzgado por un cargo de asesinato de primer grado, acusado de haber descuartizado a un hombre en el 2008. Su juicio está pendiente.

Funcionarios de Medicare admitieron que la agencia no había chequeado sus antecedentes criminales. Pero incluso si lo hubieran hecho, el historial delictivo de González a principios de los ’90 no le hubiera impedido recibir una licencia más de una década después.

La razón es que Medicare solamente puede negar licencias a solicitantes con un historial de delitos de mayor cuantía si han sido convictos en los último 10 años.