1 de julio de 2011

El Nuevo Dia

La salida de Rossana López León del Gobierno y la eliminación de la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada provocó gran incertidumbre entre los participantes de los programas que auspicia y los proveedores de servicios ante la congelación de los fondos federales que recibían.

"Para muchos de nuestros participantes, la comida que nosotros le damos es la única comida que tienen en el día. Les damos desayuno, almuerzo, merienda... ¿qué va a pasar con ellos si no nos llega el dinero?", expresó la directora del Centro de Actividades y Servicios Múltiples de Trujillo Alto, Aida Rivera Romero.

Debido al cambio en la estructura administrativa de la procuraduría tras ser fusionada con otras cinco bajo la nueva Administración de Procuradurías, el Gobierno local debe trabajar un nuevo plan estatal con el Gobierno federal para poder administrar los $20 millones anuales que se reciben del Older America Act.

El dinero se utiliza principalmente para pagar la nómina de los empleados de la oficina y para costear las operaciones de los 172 Centros de Actividades y Servicios Múltiples alrededor de la Isla, informó la exprocuradora. Otras partidas se entregan para otros proyectos de organizaciones sin fines de lucro y municipios, añadió.

Rivera Romero atiende a 185 personas de edad avanzada y recibía alrededor de $200,000 de la Oficina de la Procuradora de Edad Avanzada.

"Nadie nunca se había preocupado por la población de envejecientes ni nos habían atendido de la manera que esta señora (López León) lo ha hecho", dijo Rivera Romero.

La directora del Hogar El Remanso en Bayamón, sister Teresita Rivera, sentenció que su institución podría tener que dejar de operar si se detienen los fondos debido a que es una organización sin fines de lucro que apenas recibe donaciones de otras entidades y no son consistentes.

"Nosotros recibimos sobre $270,000 al año de la procuradora. Es bien fuerte lo que está pasando, están derrumbando algo que estaba bien organizado", sostuvo sister Teresita.

Desde que entró a escena el nuevo procurador interino de Personas Pensionadas y de la Tercera Edad, Oscar González, el Gobierno ha asegurado que se usarán fondos estatales para cubrir la falta de asignaciones federales hasta que el Departamento federal de Salud avale el nuevo plan estatal.

"Independientemente de la paralización de los fondos federales, todos y cada uno de los servicios de la Procuraduría se van a seguir dando", sostuvo González al culminar el miércoles el proceso de transición.

Más allá del dinero, las personas de la tercera edad que encontraron en López León una figura para canalizar sus reclamos desconocen si su sucesor adoptará sus causas con el mismo ímpetu.

Gabriel Cánovas, residente de Culebra, cuestionó si la Autoridad para el Transporte Marítimo (ATM) corregirá las fallas de seguridad señaladas por la funcionaria ahora que no está.

Entre los señalamientos realizados el pasado mes de mayo contra la ATM se encuentran la falta de rótulos que identifiquen las filas expreso para personas de la tercera edad, los pobres servicios sanitarios, la falta de accesos para sillas de ruedas en el terminal de Culebra y el que no hayan botiquines en las embarcaciones.

"Todo el trabajo que hizo ella... Después de todo ese trabajo que se hizo, sería una lástima que se pierda todo eso y que la ATM se quede sin hacer nada y nosotros seguimos sufriendo las consecuencias de los malos servicios en las lanchas", relató Cánovas.