30 de junio de 2011

El Nuevo Día

Los aumentos anuales en la tarifa de peajes de las autopistas PR-22 y PR-5 fueron acordados por el Gobierno y el consorcio Autopistas Metropolitanas en el contrato que suscribieron el lunes, pero el documento deja espacio para cargos adicionales.

El artículo que dispone sobre las distintas modificaciones a las que podrían estar sujetas ambas vías incluye el que se puedan fijar tarifas adicionales, si el concesionario implementa sistemas de cobro electrónico, como serían los llamados "peajes abiertos".

Sin embargo, David álvarez, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), advirtió ayer que cualquier propuesta para establecer ese mecanismo de cobro tiene que contar con el aval de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y requiere legislación.

"Representaría un costo adicional, pero ahora mismo no hay una ley habilitadora para eso y no es permitido", subrayó álvarez, quien no prevé que, como parte de las mejoras inmediatas que tiene que realizar el consorcio, se establezca ese método de cobro.

La tarifa adicional, según el contrato, tendría que ser estrictamente para cubrir el costo de la tecnología adoptada por Metropistas, como también se le conoce a la entidad privada.

Los aumentos en el peaje se calcularán siguiendo una fórmula basada en la tasa inflacionaria de Estados Unidos más 1.5% para ajustarlo al nivel de inflación local para inversiones de capital.

Según el Anejo 10 del contrato, que rige el cobro de peajes bajo esta APP, no se pondrá en vigor ningún alza tarifaria hasta el 1 de enero del 2014. Ese día, el aumento que cobrará efecto contendrá de manera retroactiva lo que se haya acumulado de los años 2012 y 2013.

A partir del 2015 y hasta que el contrato expire, la tarifa subirá cada 1 de enero según la referida fórmula fundamentada en los cambios en el índice de Precios al Consumidor.

La implementación de esos ajustes en la tarifa no requiere que se solicite el aval de la ACT, pues ya fueron acordados cuando se negoció el contrato.

"Su Biblia es el Anejo 10, cualquier modificación, cualquier desviación o varianza (a lo dispuesto en ese documento) tiene que ser en consentimiento con la ACT", enfatizó el titular de la AAPP.

Una tarifa adicional se aplicaría a quienes opten por transitar un carril de alta velocidad que forma parte del proyecto Metro Urbano. Este discurrirá entre Bayamón y Toa Baja, y su precio fluctuará dependiendo del número de vehículos que transiten por él.

"Si mucha gente empieza a moverse a ese carril, empieza a congestionarlo, ese precio va a ir aumentando de manera que se desincentiva que la gente siga entrando", explicó álvarez al recalcar que hay que garantizar que los carros fluyan a 55 millas por hora.

El uso de ese carril es completamente opcional.