23 de junio de 2011

El Nuevo Dia

A un año de que el Tribunal Supremo ordenó su devolución, todavía miles de contribuyentes no han recibido ni un centavo del dinero que pagaron por un cargo adicional que se aplicó durante el pasado cuatrienio a los marbetes de los vehículos de "lujo".

Sin embargo, una resolución emitida el 15 de junio por el juez ángel Pagán Ocasio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, anticipa que próximamente se dictará una orden para que comience a ejecutarse la sentencia.

"Se pudo identificar con certeza 17,854 vehículos de motor con derecho al recobro. Dicha suma de vehículos será objeto de una orden de ejecución parcial de sentencia mientras se identifican con certeza el resto de los vehículos con derecho al reembolso", reza el documento.

El Nuevo Día supo que mañana se reunirá la Comisión Conjunta en Ejecución de Sentencia, que fue designada para atender todos los asuntos relacionados con el cumplimiento del dictamen.

El licenciado Frank Torres Viada, uno de los abogados de los demandantes, indicó que se prevé que la orden parcial solo cobijará a cerca de una tercera parte de los perjudicados.

El monto a ser devuelto por el Gobierno aún se desconoce con certeza, pero Torres Viada estimó que podría rondar los $30 millones.

La devolución de esos fondos fue ordenada el año pasado por el máximo foro judicial luego que determinara que la administración de Aníbal Acevedo Vilá los cobró ilegalmente, pues su recaudación dependía de una ley que nunca llegó a entrar en vigor.

La contribución adicional se impuso entre los años 2005 y 2006 sobre los automóviles con un costo de $40,000 o más.

No fue posible obtener declaraciones del secretario de Transportación y Obras Públicas, Rubén Hernández Gregorat, ni del de Hacienda, Jesús Méndez. Ambos funcionarios señalaron al Departamento de Justicia como la agencia a cargo del manejo del caso.

La licenciada Claudia Juan, del Departamento de Justicia y quien representa al Estado en el caso, indicó que una orden del Tribunal, que data de noviembre pasado, exige confidencialidad en torno a los trabajos que realiza la comisión conjunta.

Parte de esos trabajos incluye determinar si se compensará a los contribuyentes con un pago del dinero desembolsado o un crédito.

La resolución del juez Pagán Ocasio destaca que, en principio, las partes en el pleito estipularon que la cantidad de vehículos sujetos a la contribución especial ascendía a 48,964.

No obstante, aclara posteriormente que "la cifra que correspondía facturar por concepto de marbetes de lujo no necesariamente fue cobrada en su totalidad" por el gobierno.

A juicio de Torres Viada, la administración de Luis Fortuño, en lugar de agilizar el pago y el fin de la controversia, lo que ha hecho es dilatar el proceso.

"Aunque eso lo generó otro gobierno, la realidad es que, como en otras tantas instancias, la administración actual no se puede desembarazar ni distanciar. El gobierno actual ha tenido a sus disposición múltiples instancias para resolver este asunto y han optado por litigar el pleito y continuar obstaculizando la devolución del dinero", manifestó.

Se refirió a una petición que hizo el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Luis Rivera Marín, para intervenir en el pleito ante supuestas quejas de personas involucradas al caso que objetan la cantidad concedida por el Tribunal para el pago de honorarios de abogados.

El Tribunal de San Juan denegó el reclamo, que actualmente se encuentra ante la consideración del Tribunal de Apelaciones. Hoy a las 2:00 p.m. se celebrará una vista para atender los méritos del caso.

"El efecto real que está teniendo la intervención del DACO es que el proceso de devolución que está próximo a comenzar puede quedar en suspenso o en peligro", subrayó Torres Viada.