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  Por el libro

20 de junio de 2011

El Nuevo Dia

Uno de los miembros de la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces de Puerto Rico, demandó a esa entidad y al Secretario de Estado por presunta violación de derechos civiles, retaliación, libelo y daños.

En total, los dos demandantes solicitan 10 millones de dólares en compensación.

La demanda, sometida en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, se produce dos meses luego que una investigación de Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Representantes revelara irregularidades en la operación de la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces.

La Junta ha estado bajo la lupa pública después de que una corredora de bienes raíces, Michelle Maloy, denunciara que la institución y su ex presidente, Víctor Figueroa, trataron ilegalmente de monopolizar el mercado de estudios de la práctica de corredores.

La demanda, número 2011-1542, fue sometida por el matrimonio compuesto por Katherine Figueroa, miembro activa de la Junta y Guy Sánchez, quienes alegan haber sido víctimas de violación de derechos civiles luego de denunciar lo que ellos entienden eran prácticas ilegales de la Junta ante la Oficina del Contralor y la Legislatura.

Sánchez ya había demandado a la Junta porque se negó a proporcionar dos exámenes en inglés. La Junta, luego de una orden de corte proveyó a Sánchez de los exámenes.

Sánchez alega que la Junta no cuenta con un sistema confiable para contabilizar los pagos de matrículas.

"Luego de estas serias denuncias, la Junta, especialmente Víctor Figueroa, respondieron difamando a los demandantes", dice parte de la demanda.

Entre los demandados se encuentran el Secretario de Estado, Kenneth McClintock, Eduardo Ballorie, Asistente Secretario de Estado para asuntos con la Junta, y Figueroa, quien aunque no preside actualmente la Junta, continúa como miembro.

Otros demandados son Pablo Claudio Pagán y Ernesto Miranda, ex miembros de la Junta.

Popular Mortgage y algunos de sus oficiales administrativos también figuran en el pleito como demandantes.


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