5 de junio de 2011

El Nuevo Herald

La segunda compañía universitaria con afán de lucro de la nación está luchando contra una demanda judicial que continúa creciendo, y el estado de la Florida es ahora una de las partes más recientes en unirse al caso.

Education Management Corporation, que administra toda una variedad de escuelas, entre ellas Art Institute, Argosy University, y Brown Mackie College, está siendo demandada por ex empleados por violar la prohibición del gobierno federal de pagar comisión a los reclutadores por matricular estudiantes. En semanas recientes, el Departamento de Justicia de EEUU se ha unido a la demanda, seguido por los procuradores generales de California, Illinois y, recienetmente, la Florida. Directivos de la compañía han negado las alegaciones de la demanda.

La compañía universitaria con afán de lucro cuenta con nueve recintos universitarios en la Florida y una matrícula de más de 150,000 estudiantes en todo el país. No estaba disponible de inmediato la matrícula en la Florida.

La Florida se sumó a la demanda "por una cuestión de procedimiento" para proteger los intereses del estado, dijo el viernes Jennifer Krell Davis, vocera de la procuradora general de la Florida Pam Bondi.

La demanda, presentada en Pennsylvania por dos ex empleados de una de las oficinas de Pittsburgh de la compañía, alega que Education Management urgió a sus reclutadores a matricular estudiantes antes de revisar cuidadosamente sus calificaciones académicas. Aunque la compañía profesa tener requisitos académicos de admisión para sus nuevos estudiantes, se admitió a todo el que simplemente presentó una solicitud y una composición de 150 palabras, según la demanda.

El sueldo de los reclutadores, de acuerdo con la demanda, se basó principalmente en un sistema basado en cifras conocido como "La Matriz". El número de nuevos estudiantes matriculados se convierte en puntos, que a su vez fijan el rango salarial de los reclutadores.

La acusación de "compensación por incentivo" ilegal se ha presentado contra docenas de escuelas con afán de lucro durante muchos años. En el 2009, la mayor escuela con afán de lucro del país, University of Phoenix, aceptó pagar $78.5 millones como parte de un acuerdo para sacar del juzgado una demanda similar de denunciante interno.

Luego de que el Departamento de Justicia se uniera el mes pasado a la demanda, Education Management publicó una declaración negando toda conducta impropia y jurando que presentaría una "vigorosa defensa" ante los tribunales.

Education Management, en esa declaración, dijo que abogados independientes le habían dicho que su plan de compensación cumplía con los requisitos legales cuando se instituyó el plan en el 2003.

"Sin esas garantías de cumplimiento con los requisitos de las normas y la ley en cuanto a la compensación de los representantes de admisión, la Compañía no hubiera adoptado el plan de compensación", escribió la compañía.

Una portavoz de Education Management se negó esta semana a hacer más declaraciones sobre la demanda pendiente.

La demanda marca la primera vez que el Departamento de Estado de EEUU se haya sumado a un caso de este tipo.

"Esto devolvería a los contribuyentes federales y estatales, de ganarse el caso, un montón de dinero que nunca se debió haber pagado", dijo Harry Litman, uno de los abogados que presentaron el caso.

El presidente ejecutivo de Education Management, Todd Nelson, era el presidente ejecutivo de University of Phoenix en el 2004 cuando la escuela aceptó otro acuerdo extrajudicial, por $9.8 millones. En esa ocasión, University of Phoenix admitió haber violado "sistemática e intencionalmente" las leyes federales de compensación.

Education Management, como la mayoría de las escuelas con afán de lucro, depende de subsidios y préstamos de ayuda financiera federal para la vasta mayoría de sus ingresos. Al alegar que los métodos de compensación de la compañía la hacen inelegible para dicha ayuda financiera, la demanda de Litman acusa a la compañía de aceptar ilegalmente al menos cientos de millones de dólares en fondos federales y estatales.

El Congreso ha hecho ilegal pagar comisión a los reclutadores de escuelas con afán de lucro, para desanimar una práctica que lleva a ambientes de venta de "sala de calderas", con intensa presión para conseguir altos niveles de matrícula.

La demanda alega que un estudiante del Art Institute fue presionado para que se matriculara aunque expresó sus deseos de posponer ciertas clases porque no tenía los libros o el software necesarios, y estaba distraído ese semestre debido a sus problemas personales. Aunque las clases no habían comenzado y el estudiante todavía no era responsable financieramente, la demanda alega que un reclutador mintió deliberadamente al estudiante diciéndole que era demasiado tarde para cambiar su fecha de comienzo de clases con el simple objetivo de conservar su comisión de matrícula.

Los reclutadores que "son pagados por cabeza harán todo lo que sea necesario para conseguir tantas cabezas como les sea posible, y eso incluirá personas vulnerables a ser explotadas", dijo Litman.