3 de junio de 2011

El Nuevo Herald

MIAMI -- La empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel-Lucent SA finalizó un acuerdo con Estados Unidos sobre los sobornos pagados a funcionarios en Costa Rica, Honduras, Malasia y Taiwán.

El acuerdo pactado el miércoles en un tribunal federal de Miami incluye una multa de 92 millones de dólares como parte de un arreglo para postergar las acciones legales del Departamento de Justicia. Alcatel pagó otros 45 millones de dólares para zanjar un caso similar con la Comisión de Valores y Cambio, y 10 millones en un caso de corrupción que sacó a relucir el gobierno de Costa Rica.

"Es una de las resoluciones más amplias en la historia de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero", dijo Charles Duross, un fiscal de fraude del Departamento de Justicia.

Tres filiales de Alcatel se declararon culpables de violar la ley antisoborno y pagarán un total de 1,5 millones de dólares en multas. Los declaraciones fueron hechas el miércoles por Steven R. Reynolds, consejero general de la empresa matriz Alcatel-Lucent.

Los fiscales dijeron que los sobornos le permitieron a Alcatel ganar numerosos contratos de telecomunicaciones de millones de dólares en los cuatro países y estaban profundamente arraigados en los negocios de la compañía en todo el mundo. Los arreglos ilegales continuaron por lo menos desde la década de 1990 hasta finales de 2006, y a menudo usaron consultores y agentes locales como conductos para sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros.

"Era básicamente, 'los sobornos somos nosotros'", dijo la jueza de Distrito de Estados Unidos Marcia Cooke. "Esto significa que todo el mundo está involucrado."

Cooke se negó a designar a una empresa de telecomunicaciones de Costa Rica como víctima en el caso. Los abogados de la empresa, el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, instaron a Cooke a rechazar el acuerdo como inadecuado y porque no incluía ninguna restitución para la empresa.

Pero Duross señaló que muchos de los altos funcionarios del ICE fueron beneficiarios de los sobornos y que no podía considerarse como una víctima o calificar para ningún tipo de restitución.

En el marco del acuerdo de enjuiciamiento postergado, Alcatel-Lucent tiene que cumplir con una serie de condiciones para asegurarse de que no se embarque en una nueva campaña mundial de sobornos, incluyendo la contratación de un supervisor independiente. El caso será abandonado en tres años si la empresa cumple con sus obligaciones.

La compañía tiene su sede en París y su principal oficina en América del Norte en Murray Hill, Nueva Jersey. Compró Lucent Technologies, con sede en Estados Unidos, a finales de 2006.

El acuerdo surgió después de que un ex ejecutivo de Alcatel, Christian Sapsizian, fue acusado en Miami de violar la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero y comenzó a cooperar con los investigadores estadounidenses. Sapsizian fue condenado a más de dos años de prisión en 2008 y ya fue liberado.