1 de junio de 2011

El Nuevo Dia

Dos consorcios de capital español y estadounidense están en carrera por la concesión de las autopistas PR-22 y PR-5, que se gestará bajo el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP).

David álvarez, director ejecutivo de la Autoridad para las APP, confirmó hoy que? Goldman Sachs Infrastructure Partners II y Abertis Infraestructuras, así como Morgan Stanley Infrastructure y OHL Concesiones presentaron hoy sus propuestas con miras a obtener el contrato para financiar, rehabilitar, operar y mantener la autopista José de Diego y la PR-5, que ubica en Bayamón.

"Los dos consorcios finalistas están compuestos por empresas que son líderes mundiales en el desarrollo, operación y manejo de infraestructuras de transportación con un peritaje técnico sin paralelo y una sólida capacidad financiera", manifestó álvarez en declaraciones escritas.

Ambos consorcios están integrados por fondos de inversiones de infraestructura de Estados Unidos y entidades españolas especializadas en la operación de autopistas.

En el caso de Goldman Sachs Infrastructure, tiene un capital de sobre $3,000 millones, y Abertis Infraestructuras maneja más de 2,300 millas de autopistas alrededor del mundo, resaltó álvarez.

Mientras, Morgan Stanley maneja alrededor de $4,000 millones de capital, y OHL Concesiones administra alrededor de 1,698 millas de autopistas.

La AAPP junto a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Banco Gubernamental de Fomento y el Comité de Alianza asignado al proyecto evaluarán ambas propuestas, y deberán presentar en junio su recomendación al gobernador Luis Fortuño.

"Se cumplirá con el análisis de las propuestas y se hará la debida recomendación para lograr un gran proyecto para Puerto Rico. Esta alianza dará continuidad a la modernización y mantenimiento de nuestra infraestructura existente y a mejores servicios y más seguridad para nuestros conductores", comentó, por su parte, el director ejecutivo de la ACT, Rubén Hernández Gregorat.

Se espera que este proyecto de APP comience operaciones en "algún momento" durante el último trimestre de este año, indicó álvarez.

El consorcio que obtenga el contrato tendrá que asegurar el pago por servicios de electricidad, agua, seguridad pública y pago por contribuciones a nivel estatal y municipal.