27 de mayo de 2011

La Opinion

El Departmento de Justicia anunció ayer sendos acuerdos de conciliación con Countrywide (CW) y Saxon Mortgage, que compromete a esas financieras a resarcir con más de 22 millones de dólares a cientos de miembros de las fuerzas armadas, cuyas viviendas fueron embargadas indebidamente cuando se encontraban en el frente de batalla.

Las leyes federales prohíben a los bancos declarar un embargo a los miembros del ejército en activo sin contar previamente con una orden judicial.

Thomas Pérez, procurador asistente de la unidad de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ), expresó que el gobierno espera que otras financieras tomen nota de este convenio y que hagan los ajustes correspondientes para evitar ser llevadas a los tribunales.

"Esta es sin duda la indemnización más alta alguna obtenida por el Departamento de Justicia en casos de este tipo", afirmó el fiscal.

Del total anunciado, Countrywide deberá pagar 20 millones a aproximadamente 160 personas cuyas casas, según el gobierno, fueron ejecutadas ignorando el estatus militar de los acreedores afectados. Entre ellas se encontraban elementos que habían estado activos en Irak y Afganistán.

La compañía, domiciliada en California, es una subsidiaria de Bank of America, y fue adquirida por este en 2008, llevando consigo la que posiblemente sea la cartera más grande de hipotecas tóxicas en toda la historia de la industria financiera.

Por su parte, Saxon Mortage, una subsidiaria de Morgan Stanley con sede en Texas, se comprometió a resarcir a 17 clientes de uniforme con 2.3 millones para evitar ir a juicio. Además, accede a recompensar a cualquier miembro de las fuerzas armadas afectado por esas acciones.

La Ley de Protección a Militares en Activo (SCRA), que fue aplicada en este caso por el DOJ, entró en vigor en 2006, en plena avalancha de embargos.

Las supuestas faltas incluidas en el acuerdo habrían tenido lugar entre enero de 2006 y junio de 2010, pero esto no quiere decir que no se hayan producido otras antes y después.

Terry Laughlin, vicepresidente ejecutivo de Bank of America, dijo en una declaración escrita hecha llegar a esta redacción que la mayoría de los préstamos originados, así como las "ejecuciones indebidas" mencionadas en el arreglo judicial, fueron llevadas a cabo por Countrywide antes de ser adquirido por su empresa.

"Es nuestra responsabilidad poner remedios. Estos errores son inaceptables, y es nuestra responsabilidad corregirlos", aceptó.

El banco agregó que ha adoptado varias medidas, entre ellas elevar el nivel de entrenamiento del personal y la creación de un programa de reducción de saldos dirigido a los miembros de las fuerzas armadas que se encuentran en mora, para cumplir con creces la ley SCRA.

Hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta de Morgan Stanley.

La revelación de los acuerdos ocurre unos días antes de que se celebre en todo el país el Día de los Caídos en Combate (Memorial Day), la celebración más importante de las fuerzas armadas, pero el gobierno dijo que la coincidencia no es deliberada.

El Departamento de la Defensa colaboró con el DOJ para identificar a los militares incluidos en la demanda contra las financieras. Según esta acción, Countrywide procedió con las ejecuciones contra 160 personas, aun en los casos en que estaba enterada, o debería estar enterada, de su estatus militar.

La investigación del DOJ contra Countrywide dio inicio cuando el Cuerpo de Infantería de Marina presentó al gobierno el caso de uno de sus miembros cuya propiedad estaba por ser expropiada por ese banco.

"Las familias de militares perdieron sus casas debido a que Countrywide violó la ley, creando situaciones estresantes para el personal militar, que desde los tiempos de la Guerra Civil ha goza de protecciones", dio André Birotte Jr., el procurador federal a cargo del distrito central en California.

Además de las causas abiertas contra esas dos financieras por contravenciones a la SCRA, los procuradores estatales han iniciado procesos, individual o colectivamente contra el sector financiero, por la forma como han venido desarrollándose las ejecuciones bancarias.

La procuradora estatal anunció esta semana que está investigando a una firma de Florida, la cual ha procesado miles de ejecuciones para los cinco bancos más importantes del país.