27 de mayo de 2011

La Opinion

Frustrada por no poder negociar con su financiera hipotecaria para que no le embargara la casa, Juana Quintanilla, igual que miles de californianos, decidió buscar ayuda profesional hace dos años.

Un consultor le pidió 3,500 dólares para empezar los trámites, pero no la sacó de apuros. Terminó perdiendo el dinero y la casa.

"Nunca hizo nada y mi casa se puso en embargo, y ahora lo que estoy pidiendo es mi reembolso de dinero, porque él no me ha ayudado en nada", dijo Quintanilla ayer en una sala de conferencias del piso corporativo donde Neighborhood Credit Solutions tiene sus oficinas. La mujer no se presentó sola, sino acompañada por un contingente de Home Defenders League, que asegura que ese negocio está contraviniendo la ley.

Una ley creada en 2009 cuando Jerry Brown era procurador estatal prohíbe pedir adelantos monetarios para ofrecer ayuda con un proceso de embargo o ejecución bancaria. Los abogados, consultores o personas que soliciten dinero bajo promesa o garantía de tramitar una modificación o salvar una casa en riesgo de embargo, se exponen a ser llevados a juicio.

La norma fue creada en respuesta al gran número de fraudes cometidos contra propietarios que están luchando por conservar sus viviendas frente a la avalancha de ejecuciones bancarias. Muchos como Quintanilla han pagado adelantos de miles de dólares creyendo que recibirán ayuda en sus tratos con el banco para modificar su deuda.

Christopher Lin, el propietario de Neighborhood Credit Solutions, dijo a La Opinión que él no se anuncia como consultor hipotecario, y que su función se limita a cobrar por ayudar a sus clientes a preparar sus papeles. "Por esto cobro 34.95 dólares; yo trabajo con un grupo de compañías que se especializan en modificaciones hipotecarias. Estas cobran 500 dólares, pero no se paga por la modificación hasta que está terminada".

Para probar sus afirmaciones, Lin recurrió al testimonio de una clienta hispana que afirmó en un cruce telefónico que había recibido ayuda de él en la preparación de sus documentos. Cuando se le preguntó a Lin si Quintanilla había pagado 3,500 dólares por preparación de papeles, afirmó que "sí", y prometió remunerarla.

Esta semana, la procuradora estatal, Kamala Harris, anunció que todo el peso de la ley caerá sobre quienes violen esa disposición.

Según Home Defenders League, dos de sus miembros conversaron telefónicamente con Lin ayer, quien les pidió 2 mil dólares adelantados para trabajar en su modificación (un caso ficticio). "él se comprometió a hacer una modificación, y dijo que iba a hacer el próceso fácil para nosotros. Básicamente nos estaba echando una mentira", según David Mazariegos.

Lin aseguró que no había hecho semejante promesa.