22 de mayo de 2011

El Nuevo Herald

Josefina Díaz ya estaba acostumbrada a lo peor en su maltrecho apartamento de La Pequeña Habana. El podrido techo del baño. Los huecos en las paredes. Las cucarachas por todas partes. Desde hace una semana no hay luz en los pasillos centrales. El viernes cortaron el agua.

Díaz, de 78 años, es un rostro más de la pesadilla que sufren en el Condado de Miami-Dade miles de inquilinos que viven en edificios y casas en proceso de ejecución hipotecaria, cuyos dueños no pueden o no quieren cumplir con las obligaciones de mantenimiento y pagar por los servicios básicos.

"Quieren botar la gente a la calle de esta manera", dijo Lázaro Carballoza, un cubano deshabilitado que paga $550 al mes por su apartamento.

Díaz, Carballoza y otros ocho inquilinos viven en el edificio situado en el 2001 de la calle 6 del suroeste de Miami. La propiedad se fue a ejecución hipotecaria en enero del 2010, cuando el dueño, Sergio de Paz, dejó de pagar su préstamo al U.S. Bank, según documentos en el Tribunal Civil del Condado Miami-Dade.

A mediados de ese año, De Paz murió en un accidente de tránsito. Todavía la corte no ha decidido a quién pertenece el edificio. Sin embargo, según los inquilinos, Sergio de Paz, padre, ha seguido cobrando el alquiler. Pero ha dejado de pagar por los servicios.

"Primero la basura. Luego el gas. Ahora el agua", dijo Julián, hijo de Díaz, y quien está desempleado.

La abogada Purvi Shah, de Servicios Legales de la Florida, organización sin fines de lucro que ayuda a personas pobres, dijo que estas son las víctimas invisibles de la crisis de las ejecuciones hipotecarias en Miami y en todo el país.

"Los bancos dieron préstamos irresponsables. Los dueños deberían haber sabido que no podían hacer los pagos’’, dijo Shah. "Y los que alquilan estas viviendas son los que quedan entre la espada y la pared".

El viernes por la tarde, funcionarios del Departamento de Aguas y Alcantarillado del Condado de Miami-Dade acordaron reestablecer el agua inmediatamente.

La Oficina del Comisionado Bruno Barreiro también se ha involucrado en el caso junto con Shah y la abogada Evian White, de Servicios Legales de Miami. Shah y Evian están tratando de extender el servicio de agua por más tiempo.

"Gracias a Dios que pudimos hacer eso", dijo Elizabeth Tejera, que trabaja en el área de servicios a los residentes de la oficina de Barreiro. "Va a ser un fin de semana y hay ancianos y niños en el edificio. Hay niños. Hay que ponerse en su situación".

El padre de De Paz rehusó hablar con El Nuevo Herald el viernes.

"Es cosa del banco", dijo De Paz. "Yo no tengo que ver con esto".

Entre enero y abril de esto año, hubo un promedio de unas 1,009 ejecuciones hipotecarias en el Condado, según la Oficina del Secretario de los Tribunales. En el 2010, hubo 2,870 al mes.

Hay una percepción de que la crisis hipotecaria solamente afectó a familias que no podían pagar sus préstamos, dijo Shah. Sin embargo, cientos de ejecuciones mensuales en Miami-Dade son de viviendas multifamiliares, o apartamentos en los barrios más pobres como Liberty City, Overtown, Wynwood, Allapattah y La Pequeña Habana.

En muchos casos, esto significa que los inquilinos están pagando su renta mensual pero el dueño de la vivienda no paga su préstamo bancario. Shah dijo que los propietarios desisten de mantener los apartamentos en buenas condiciones durante una ejecución hipotecaria, porque saben que van a perder la propiedad algún día.

Hay pocos recursos en el Condado para los inquilinos. Por esto, Shah ayudó a crear Project No One Leaves, conjuntamente con la Escuela de Derecho en la Universidad de Miami, a fin de informar a los inquilinos sobre sus derechos en las propiedades bajo ejecución hipotecaria.

Shah también se ha integrado a un esfuerzo para cambiar una política condal que prohíbe a los inquilinos abrir cuentas en el Departamento de Aguas y Alcantarillados si el dueño cierra o no paga su propia cuenta. La Comisión del Condado Miami-Dade está considerando una propuesta que permitirá a los inquilinos abrir cuentas temporales.

Un reciente estudio del Centro Furman de Bienes Raíces y Política Urbana, de la Universidad de Nueva York, reveló que las propiedades multifamiliares han recibido más avisos de ejecuciones hipotecarias durante los últimos dos años que en cualquier momento de la década de 1990.

Ingrid Gould Ellen, codirectora del Centro Furman, indicó en el estudio que cuando los edificios multifamiliares entran en una crisis financiera se afecta la calidad de vida de los residentes.

Este fue el caso de Hilda Bustos. Por tres años, esta madre soltera colombiana nunca falló en pagar los $700 mensuales para alquilar un pequeño apartamento en el noroeste de Miami.

El apartamento no era nada lujoso. No había puertas, estufa ni nevera. Los gabinetes de la cocina estaban podridos. La ducha necesitaba reparación. Sin embargo, era suficiente para ella y sus dos hijos. Con el permiso del dueño del apartamento, había hecho reparaciones a la vivienda.

Pero no sabía que la propiedad estaba bajo ejecución hipotecaria. Lo supo en mayo del 2008 cuando le pidió al dueño cinco días adicionales para pagar su alquiler mensual. Su hija, Bridgette, había sido hospitalizada por un problema cerebral y ella solamente tenía $350 para pagar la renta.

"Le tocó la cirugía de la niña y le dije [al dueño] que le daba mitad hoy y que en cinco días le daba la otra mitad", recordó Bustos, que trabaja haciendo limpiezas y vendiendo desechos. "Se puso agresivo y dijo que me iba sacar del apartamento, que tenía sus maneras de sacarme a la calle".

A los ocho días, el dueño del apartamento desconectó el contador del agua, que es propiedad del Condado.

"No supe qué hacer", dijo Bustos. "Estuvimos 27 días sin agua. Gracias a Dios que llovió".

Mientras su hija se recuperaba de la cirugía en un sillón, Bustos recogió agua de lluvia en ollas y recipientes en el patio para poder cocinar y bañar a sus hijos. También empezó a buscar ayuda de la policía, agencias sociales, iglesias y cualquiera que quisiera escucharla.

Fue en este proceso que conoció a Shah, quien la ha representado legalmente desde el 2008.

Todavía Bustos vive en el apartamento, que ha terminado el proceso de ejecución hipotecaria. Se halla en espera de que el banco le dé una notificación oficial de desalojo. No sabe a dónde irá después.

"No puedo ir a otro apartamento porque no tengo el dinero", dijo Bustos. "El trabajo está muy malo".

Agregó que está orgullosa de haber luchado por sus derechos como inquilina.

"No es justo que uno se deje humillar y pisotear de uno que tiene más que uno", comentó Bustos.