20 de mayo de 2011
El Nuevo Dia
La gerencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) anticipa una insuficiencia neta de $50 millones para el año fiscal 2011 a 2012 que planea atender con un aumento y extensión de la línea de crédito que actualmente mantiene con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Durante una audiencia pública ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el presidente interino de la UPR, Miguel Muñoz, explicó que solicitarán una extensión de la línea de crédito de $100 millones por $50 millones adicionales. Este es el segundo año consecutivo que la institución cuadra sus finanzas con un préstamo. Muñoz detalló que el presupuesto para el año fiscal 2011 a 2012 asciende a $1,407 millones. Esta partida contempla una asignación de $704 millones que provienen por la fórmula de financiación de la institución. La UPR recibe el 9.6% de los ingresos que recibe el Fondo General. Merma en los estudiantes matriculados Durante la vista que se extendió por más de tres horas, Muñoz también enfrentó preguntas sobre la dramática merma en el número de estudiantes que se matriculan en la institución. En el 2009, según datos provistos por Muñoz, la UPR tenía una matrícula de 66,189 estudiantes. Un año después tenía 62,342 mientras que en el 2011 tenía 61,630. Para el próximo año académico la institución proyecta unos 55,000 estudiantes. Muñoz adjudicó la merma principalmente a la inestabilidad provocada por los pasados conflictos estudiantiles. Ante preguntas insistentes del presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio "Toñito" Silva, sobre las razones para calcular la cuota de $800 con 50,000 estudiantes, Muñoz respondió que se debía a que la institución había realizado un cálculo conservador para no sobreestimar los ingresos que se iban a recaudar por el nuevo cargo a los estudiantes. "También había una preocupación porque hubiera una merma en estudiantes y por ende era mejor ser conservadores en las proyecciones", afirmó el director de Finanzas de la UPR, Charles Anthony Cordero, ante los cuestionamientos insistentes de Silva. Ante cuestionamientos de El Nuevo Día al concluir la vista, Cordero aclaró que a la merma que hacía referencia era a la disminución de estudiantes que anticipaba la administración como resultado de la primera huelga estudiantil y no a un éxodo de estudiantes por la cuota. Contrato de seguridad En su turno la representante Carmen Yulín Cruz cuestionó al presidente interino sobre un alegado contrato para proveer seguridad a la residencia del expresidente José Ramón de la Torre. Según Cruz, el contrato ascendía a $920,000 por vigilar la residencia de De la Torre por un periodo de cuatro meses, pero al concluir la vista Muñoz y su equipo de trabajo negaron la existencia del contrato. Muñoz explicó que los contratos que se habían otorgado durante el periodo de la huelga habían sido para la seguridad de los recintos.