18 de mayo de 2011

El Nuevo Dia

El movimiento cooperativo se propone hacer frente al Gobierno, luego de que la administración de Luis Fortuño decidiera no otorgarle fondos a la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCoop), sino financiar su operación sacando fondos de la Corporación de Seguros y Supervisión de Depósitos (Cossec).

De acuerdo con el vicepresidente de la Liga de Cooperativas, Iván Otero, la decisión del Gobierno va en detrimento de Cossec porque sacaría fondos que se utilizan para asegurar los depósitos de los cooperativistas. Cossec es la agencia que regula a las cooperativas y administra el fondo de seguro de los depósitos en las cooperativas de ahorro y crédito.

Además, la decisión afectaría al millón de socios de estas entidades, porque aumentaría las primas de seguro de las cooperativas, lo cual reduciría los dividendos que reciben los accionistas.

La pugna con el Gobierno tiene su génesis en unos cinco proyectos de ley radicados por La Fortaleza, los cuales establecen que el presupuesto de CDCoop se nutrirá de fondos de Cossec. Mientras, no se asignaría un solo centavo del Fondo General. Los controversiales proyectos de administración están codificados con los números 2873, 2108, 3333 y 3334 y 2073.

La situación provocó que anoche casi dos centenares de ejecutivos en representación de 85 cooperativas se reunieron para trazar un plan de acción para combatir los proyectos que describieron como una afrenta "a los cimientos del movimiento cooperativo" en Puerto Rico.

Durante la reunión de casi dos horas, los ejecutivos determinaron que se opondrán tenazmente a las propuestas; que harán saber a los legisladores el descontento del sector y comenzarán a informar a los socios de cooperativas acerca del efecto que tendrían las medidas, de aprobarse.

"Se me hace difícil negociar cuando el Gobierno ha dicho que no pondrá nada, o sea que dará $0 para (CDCoop). Ese $0 es lo que vale para el Gobierno el movimiento cooperativo", comentó Luis E. Romero, presidente de CoopArte.

Carlos Rivera Matos, profesor de Cooperativismo en la Universidad de Puerto Rico, explicó que resulta incongruente que el Gobierno no pretenda aportar nada a la operación de CDCoop y que sin embargo, pretenda impulsar su visión de lo que debe ser el movimiento cooperativo con el dinero que las cooperativas aportan a Cossec.

Los controversiales proyectos forman parte del presupuesto recomendado por el Gobierno para el año fiscal 2012 y se producen en momentos en que CDCoop y Cossec atraviesan por una verdadera prueba de fuego, luego del despido de José González Torres como regulador cooperativo en diciembre pasado. El despido sirvió como punto de partida para una investigación legislativa en la que se ha planteado destrucción de documentos e influencias indebidas para la aprobación de transacciones por parte del titular de CDCoop, Melvin Carrión y el asesor legal Angel Cintrón, entre otros.

Carrión nunca ha concedido una entrevista a El Nuevo Día, pero ha negado en declaraciones escritas los hallazgos de la comisión de Cooperativismo y Organizaciones sin Fines de Lucro en torno al tema.