9 de mayo de 2011

El Nuevo Dia

Aunque para la Cámara de Comercio la carta ganadora de su propuesta laboral es que no altera los "derechos adquiridos" del trabajador, expertos en el tema cuestionan esa apreciación, y aseguran que irremediablemente los empleados experimentarán una merma en sus beneficios.

No solo algunos verán su bono de Navidad encogerse automáticamente, sino que, según redactado, si optan por un nuevo empleo comenzarían a laborar bajo un ordenamiento jurídico distinto con reducciones en las condiciones y beneficios que prevalecen al presente.

"Para mejorar la legislación laboral, no hay que quitar derechos. Los trabajadores puertorriqueños no están en mejor posición que nadie. No creo que los trabajadores de Puerto Rico tengan que sufrir las consecuencias para que mejore la economía", afirmó el exsecretario del Trabajo y Recursos Humanos Ruy Delgado Zayas al comentar la propuesta.

Rechazó que la mano de obra en la Isla sea más cara en comparación con otras jurisdicciones estadounidenses, aun con los beneficios de licencia por enfermedad y vacaciones que se conceden actualmente. Incluso, dijo que "el promedio de ingreso está por debajo que cualquier estado en Estados Unidos".

Sin embargo, el abogado coincidió con el liderato de la Cámara de Comercio en que el bono de Navidad sí debería estar atado a un criterio de productividad, aunque no apoyó que sea rebajado.

Un "disparate" el flexitime

Si algo objetó Delgado Zayas es que se reviva la idea de establecer itinerarios de trabajo semanal alternos o flexibles lo que, a su juicio, además de ser un "disparate" contraviene los mejores intereses de la familia. "Las leyes laborales no se hacen desde un punto de vista de empleado-patrón, sino desde el punto de vista de la sociedad porque la ley no puede operar desde un vacío", indicó.

"Además del empleado, está el padre, el consumidor, el ciudadano, tienes que crear una armonía en términos de espacio y tiempo, y en la distribución de responsabilidad", subrayó.

El exprocurador del Trabajo Félix Bartolomei también condenó la propuesta del sector privado por entender, entre otras cosas, que cambios como la extensión del periodo probatorio y la redefinición del concepto "justa causa" que se utiliza en referencia a los despidos colocan a los trabajadores en desvenvtaja.

"Quedaría en estado de indefensión porque en periodo probatorio se puede despedir a un trabajador siempre que no sea por razones discriminatorias, sin dar justa causa, y ya. Es quitarle al trabajador, de alguna forma, la tenencia de empleo o la seguridad de empleo", sostuvo el exfuncionario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

El también letrado cuestionó por qué si el anteproyecto establecería la "Ley para incentivar la creación de empleos" contiene disposiciones relacionadas con procesos de despidos, como los cambios a la "Ley de indemnización por despido sin justa causa" y la "Ley contra el discrimen en el empleo".

Tanto Bartolomei como Delgado Zayas alertaron sobre la peligrosidad de que se incluya "aumentar la competitividad o productividad del establecimiento" entre las razones que constituirían una justa causa de despido. "Es sumamente injusto, va a ser subjetivo. El empleado tendrá la incertidumbre de cómo se mide la productividad en cada sitio. Esto se presta para muchas cosas", enfatizó Delgado Zayas.

Impacto sobre la economía

De igual forma, opinó que extender el periodo probatorio a un año abonaría a la incertidumbre de los empleados y tendría un efecto detrimental en la economía. "En la medida que los empleados no son estables, la gente no gasta dinero porque teme, en un momento dado, quedarse en el aire".

A juicio de Delgado Zayas, podrían obtenerse muchos adelantos en materia laboral sólo con simplificar los procesos.

A modo de ejemplo, mencionó que a los pequeños negocios se les debe eximir de algunos requisitos como el establecimiento de protocolos para atender incidentes de violencia doméstica y hostigamiento sexual, cuya elaboración resulta onerosa, pues los obliga muchas veces a contratar abogados. Planteó que sea el Gobierno el que desarrolle la norma y la distribuya entre las empresas.

Mientras, Bartolomei advirtió que ningún intento por configurar la legislación laboral prosperará hasta que se haga de manera concertada entre todos los sectores involucrados y que la visión trascienda el espacio de trabajo.

"Lo que hay que promover es un desarrollo económico, no crecimiento económico, sino desarrollo económico de la mano tanto de la empresa con el trabajador, ambos, porque es parte de un sistema. Si te autosirves la cuchara, como ellos pretenden hacer, no va a haber consenso, no hay legislación que se dé porque es todo para mí y nada para el otro", puntualizó.