2 de mayo de 2011

El Nuevo Dia

Unos 171,000 beneficiarios del servicio de subsidio de telefonía para personas de escasos recursos presuntamente cometieron un fraude al obtener más teléfonos celulares de los que le corresponden, denunció la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), Sandra Torres.

Se estima en poco más de $1 millón la cantidad de dinero defraudada por los que cometieron esta irregularidad entre 2009 y 2010, a consecuencia de lo cual la JRT detuvo en diciembre del año pasado los pagos a las siete empresas de telefonía certificadas bajo el programa.

El programa denominado Lifeline otorga un teléfono celular o línea fija por familia a personas que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad económica. Pero una investigación de la JRT encontró que en 171,000 de las 460,230 familias beneficiarias del programa había más de un teléfono, bien solicitando otro en la misma compañía o en otras empresas.

"Se provee un celular por familia. (Pero) encontramos, en una evaluación, dos y hasta cuatro teléfonos en una residencia", reveló Torres en entrevista con El Nuevo Día.

Mediante el programa Lifeline al beneficiario se le paga la mensualidad de $13.50, más $30 al momento de la conexión o activación. De los $13.50, $10 son fondos federales y $3.50 de los estatales, administrados por la JRT.

Actualmente para el manejo de Lifeline de Puerto Rico hay un fondo global de $53 millones, de los cuales $12 son estatales.

POdría haber perjurio

El programa está regulado por la Ley Federal de Telecomunicaciones bajo el Universal Service Administrative Company que requiere que estados y territorios implanten medidas adicionales más restrictivas.

En Puerto Rico, a diferencia de los estados, se exige que todo beneficiario firme un documento en el que juramenta que la información suministrada es cierta. Le corresponde a las empresas cualificar al beneficiario si cumplen con uno de los siguientes requisitos: estar desempleado, ser una persona con hijos participantes de comedores escolares, vivir bajo el programa de Sección 8, ser beneficiario de Medicare, de la tarjeta de salud o del subsidio de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Torres precisó que le levantó sospechas el que del 2009 al 2010 creciera de manera asombrosa (de 250,078 a 430,230) la cantidad de beneficiarios del programa, cifra que superaba la de personas que, según el Censo del 2000, viven bajo el nivel de pobreza, que son poco más de 300,000.

Agregó que procedió a validar su sospecha de un supuesto fraude con el listado trimestral de cualificados que le someten las compañías de telefonía y los discos compactos en los que está la información personal de éstos. "Esa lista física con la del CD se unió en una tabla y se fue uno por uno con el número de seguro social y ahí encontramos los datos duplicados de 171,000 personas", dijo Torres.

Una ‘gansería’

De los datos preliminares se desprende, según dijo, que un 40% del total de 171,000 usuarios defraudó a la misma compañía, mientras que otro 60% "fue a pescar a otras compañías". Tras los hallazgos, Torres requirió que cada compañía diera de baja a esos clientes.

"Hasta que no se corrobore la data, los pagos van a estar detenidos", sentenció. "Es la 'gansería' de moverse de un sitio a otro. El ingenio de la gente para abusar de las ayudas que se les da. Eso lo que demuestra también es la falta de diligencia de las compañías (que participan del programa)", agregó.

Torres espera que la auditoría que encomendó en marzo termine entre septiembre y octubre de este año y aseguró que dependiendo de los resultados, decidirá si es necesario subir o bajar la cantidad que paga todo cliente no subsidiado de teléfono alámbrico o inalámbrico para sostener el programa.

Los beneficiarios del programa que hayan cometido fraude se exponen a ser procesados, al menos, por perjurio y a no tener derecho a participar del subsidio jamás. Las compañías, entretanto, pueden perder la certificación para recibir los fondos del programa.

Torres dijo que compartió los hallazgos con el secretario de Justicia, Guillermo Somoza y con la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez. "Ellos están trabajando, pero algún escarmiento hay que darle a la gente", dijo. Aseguró que la fiscal Rodríguez le dijo que este caso "es peor que Aflac", en alusión al masivo fraude contra la aseguradora detectada recientemente por el gobierno federal.

‘peor que aflac’

Somoza no respondió una petición de entrevista sobre este particular, mientras que Rodríguez, a través de su portavoz de prensa, Lymarie Llovet, confirmó la reunión con Torres.

Según explicó Torres, el fraude fue posible gracias al ingenio de los beneficiarios y la laxitud de las empresas que supuestamente no tenían un listado común de participantes del programa o no verificaban -mediante un centro común- a los beneficiarios. Sin embargo, reconoció que la ley no obliga a las empresas a tener el listado. Por eso, aseguró que el error mayor está en las empresas que fueron defraudadas por una persona en más de una ocasión.

"Ellas rinden un informe. Era tan sencillo como mirarlo y ver la duplicidad. Ellas tienen que certificar que eso es correcto, porque al certificarse como proveedor se comprometieron a cumplir con todos esos requisitos. Esto se pudo evitar", sentenció Torres.