20 de abril de 2011

La Opinion

SACRAMENTO.— Miles de californianos, en su mayoría ancianos, que estaban pagando por adelantado sus funerales o los de sus familiares fueron víctimas de malos manejos y estafas.

Por ello, la procuradora Kamala Haris entabló una demanda en contra de uno de los más grandes fideicomisos funerarios de la nación para que restituyan el capital invertido.

La demanda alega que millones de dólares pagados por los consumidores fueron malgastados y mal manejados mientras que los acusados pagaron por lo menos 4.6 millones de dólares en sobornos ilegales a las funerarias, al tiempo que se autopagaron excesivamente por gastos administrativos.

No se busca solamente parar estas actividades ilegales, sino que se restituyan 14 millones de dólares con intereses.

La querella entablada por la Procuraduría del Estado ante la Corte Superior de Los ángeles fue hecha por parte del Departamento del Consumidor y el Buró de Funerarias en contra de la Corporación de Servicios de Directores de Funerarias (FDSC), la Asociación de Funerarias de California (CFDA) y otras partes involucradas no reveladas.

El hallazgo fue descubierto tras varias quejas presentadas al Departamento del Consumidor, el cual a través del Buró de Cementerios y Funerarias llevó a cabo una extensa auditoría al Fideicomiso California Master Trust (CMT).

Las víctimas podrían sumar las 27,000, quienes son clientes de más de 300 funerarias del estado que habían confiado su dinero a CMT, cuyo capital asciende a los 63.5 millones de dólares.

"Los acusados se aprovecharon de miles de californianos en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas", dijo la procuradora Harris. "Esta demanda asegurará que el dinero vaya donde tiene que ir: pagar por sus funerales o los de sus seres queridos", subrayó.

El fideicomiso fue creado en 1985 por los directores de las funerarias para depositar los prepagos funerarios en un fondo común.

Este tipo de contratos prepagados son generalmente adquiridos por personas mayores y se pagan en abonos.

Normalmente pasan siete años en promedio entre la adquisición de un contrato para pagar por adelantado los servicios funerarios y la muerte del beneficiario.

El fideicomiso perdió millones en sus inversiones, pero los demandados se pagaron asimismo cargos administrativos en 2001 y 2001, violando la ley de California. Asimismo, los acusados pagaron sobornos ilegales a las funerarias participantes.

"Hemos tratado una y otra vez de hacer que el fideicomiso cumpla con la ley", dijo el jefe del Buró, Bev Augustine. "En lugar de eso han continuado operando ilegalmente el fideicomiso. Con lo que no solo han violado la ley, sino que están poniendo en riesgo el dinero que los consumidores les confiaron, así como las licencias de las funerarias que participan en el fideicomiso", indicó.

La demanda entablada busca tomar control del fideicomiso y ponerlo en manos de un interventor, otro administrador o síndico.

El Buró también está pidiendo a los acusados restituir el dinero, y que se entregue la contabilidad de todas las transacciones del fideicomiso y acusados desde 2000.

La Opinión buscó la reacción de las partes acusadas, pero hasta el cierre de este edición no obtuvo respuesta.

Los consumidores que tengan quejas pueden llamar a la línea telefónica del Buró de Funerarias y Cementerios al 800-952-5210.

Este organismo regula e investiga las quejas en contra de los establecimientos funerarios en el estado de California, directores de funerias, embalsamadores, aprendices de embalsamadores, gerentes de cementerios, vendedores y agentes de cementerios, crematorios y casi 200 cementerios en el estado.