17 de abril de 2011

El Nuevo Dia

El gobernador Luis Fortuño anunció ayer la asignación de $20 millones de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) para el programa "Protegiendo tu Hogar", que otorgará subsidios de hasta $20,000 a familias e individuos que se encuentran en peligro de perder su hogar.

Con esta iniciativa, unas 1,200 familias y personas que hayan experimentado una merma en sus ingresos podrán recibir un subsidio mensual para pagar su hipoteca por un período máximo de 18 meses.

"El tener un hogar propio es una meta a la que todos aspiramos. Con este programa vamos a darle un respiro a familias que estén en peligro de perder sus hogares y que necesiten una ayuda para mantener su estabilidad familiar", afirmó el Mandatario en rueda de prensa en La Fortaleza.

Para cualificar para el subsidio se requiere que el ingreso familiar no haya excedido los $60,000 antes de la reducción de ingresos que llevó a su crisis económica, detalló George Joyner, director ejecutivo de la AFV.

La hipoteca debe tener atrasos de por lo menos tres meses y el banco debe haberle notificado al propietario que ha comenzado un proceso para ejecutarle la propiedad. Además, el balance adeudado en la hipoteca no debe superar los $200,000.

Las solicitudes para el programa se recibirán a partir del 2 de mayo en la AFV y el Departamento de la Vivienda en Río Piedras.

Fortuño anunció el programa unos tres días después de que El Nuevo Día reportara que el número de ejecuciones hipotecarias en Puerto Rico ha aumentado un 25% en relación al 2008.

Joyner, sin embargo, dijo a este diario que la AFV viene trabajando con la iniciativa desde hace unos seis meses.

Entonces, el Gobierno adoptó el programa Impulso a la Vivienda con el objetivo de reducir un inventario que rondaba unas 20,000 residencias.

Más de lo que se cree

Excluyendo los casos en quiebra y los que fueron pagados o modificados, a diciembre del 2010, quedaban unos 16,880 casos de ejecución de hipotecas en Puerto Rico. En total, su balance rondaba unos $2,362 millones en los libros de los acreedores.

Aparte de los casos en ejecución, datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) revelan que para esa fecha, había otros 18,452 préstamos que ya están para ejecución, pero los acreedores no han comenzado el trámite legal.

Por ende, el total de familias que encaran la posibilidad de perder su hogar en la Isla asciende a 35,332. La cifra no incluye ejecuciones diligenciadas por las cooperativas.

Los fondos para evitar la pérdida de hogares apenas representan el 5% de los $370 millones en fondos públicos que se han aprobado en los pasados cuatro años para auxiliar al sector de la construcción y la banca.

tarea frecuente

Mientras, el primer ejecutivo anunciaba la ayuda, alguaciles adscritos al Centro Judicial de Caguas, diligenciaban una orden de lanzamiento en la urbanización La Serranía.

Pasaban las dos de la tarde cuando El Nuevo Día acudió a la comunidad para presenciar el proceso de lanzamiento, que al igual que las subastas de las propiedades en ejecución, es público. Dos o tres vecinos hacían lo propio, mirando por ventanas entreabiertas, el tenso proceso que dirigía el alguacil Maldonado.

Empero, cuando los alguaciles se aprestaban a entrar a la residencia para dar cumplimiento con el dictamen de la corte, la parte demandada, llegó a su residencia y dijo que el día anterior había llegado a un acuerdo con Banco Santander.

Maldonado instruyó a sus colegas a no continuar con el proceso hasta que no se aclarara la discrepancia. Un intento de este diario por entrevistar al consumidor afectado no fue posible, pues abandonó el lugar inmediatamente.

El Nuevo Día inquirió a la institución bancaria y ésta informó que había ofrecido a la parte demandada la propiedad en un acto de buena fe, pero no se había firmado acuerdo ninguno, por lo que el proceso de lanzamiento continuaba en pie.

Si bien Maldonado no pudo diligenciar la orden de lanzamiento en La Serranía, el funcionario reconoció que poner en vigor órdenes de lanzamiento se ha vuelto tarea de todos los días.

"Estamos haciendo entre 40 y 50 notificaciones al mes", dijo Maldonado haciendo referencia al proceso que efectúa la Rama Judicial para lanzar a las personas con el menor trastorno posible.

Poco impacto

El programa de subsidios para evitar la pérdida de hogares hará muy poco en auxiliar a los consumidores, ya que los procesos de ejecuciones de hipotecas en la Isla están plagados de irregularidades e inconsistencias, opinó el abogado Manuel R. Suárez Jiménez.

"Es un desmadre lo que hay", dijo Suárez Jiménez, otrora fiscal de Fraude Bancario para el Departamento de Justicia local. "La mano derecha no habla con la izquierda".

Según Suárez Jiménez, el Gobierno podría ahorrarse el dinero asignado a ejecuciones si en Puerto Rico se adoptaran las nuevas disposiciones que se han legislado en el Congreso federal y se aplicaran las nuevas directrices de los reguladores bancarios a raíz de la crisis financiera.

"En Puerto Rico, la gente no entiende todavía que los bancos locales hicieron lo mismo que otros en Estados Unidos, aprobando préstamos de alto riesgo", sostuvo Suárez Jiménez al definir que un préstamo de alto riesgo (o subprime) es aquél que se otorga a personas que por historial crediticio o capacidad de pago no cualificaban para los financiamientos.

"La mejor evidencia de eso son los bancos que fracasaron y el número de ejecuciones que hay", agregó el también ex abogado de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC).

"Ahora mismo, el valor de muchas propiedades en ejecución está por debajo de la deuda", agregó el abogado señalando que la premisa es particularmente cierta en propiedades de alto costo.

Suárez Jiménez aseguró que representa a clientes, que teniendo acuerdos de mitigación de pérdidas, se les han subastado sus propiedades. "En vez de paralizar el proceso de ejecución, continúan a espaldas del consumidor", manifestó el abogado.

Agregó que representa y conoce de múltiples casos en los cuales, los consumidores presentan la documentación para llegar a un acuerdo de mitigación y a la hora de suscribir el acuerdo los papeles están "extraviados".

"El programa TARP (de rescate bancario) inyectó cantidades de dinero industriales, pero no lo usaron para auxiliar a los consumidores", continuó el abogado, quien también adjudicó parte de la crisis a la rama Judicial local.

"Aquí hay unas violaciones a la ley federal y los adiestramientos de los jueces no están contemplando los cambios en el proceso de cobro hipotecario", dijo Suárez Jiménez. "Ellos siguen en piloto automático".

A preguntas de este diario, sin embargo, el jefe de la OCIF, Alfredo Padilla, indicó que su oficina no ha recibido por querellas con este tipo de alegatos sino que los reclamos se centran en que el acreedor no brindó apoyo al consumidor.

Consumidores aturdidos

Mientras, el abogado Manuel Suárez Cobo, coincidió con varios de los planteamientos de su homólogo.

Dijo que ha enfrentado situaciones en los cuales, ciertos jueces le han planteado "temeridad" de su parte cuando hace alegatos en torno al procedimiento que se sigue.

"Los consumidores están aturdidos", manifestó Suárez Cobo al agregar que la ayuda que están ofreciendo los acreedores "no es suficiente".

Explicó que ha tenido clientes que tras acogerse a la quiebra reciben acuerdos de pérdida más beneficiosos que el pedido de ayuda inicial que hizo el consumidor.

Asimismo, indicó que como cada banco "tiene su librito" y cada caso es particular, encontrar una solución uniforme es cuesta arriba.

Según Joyner, la AFV buscará que las instituciones condonen los cargos por mora y honorarios a los consumidores que participen del programa de subsidios.

"Si el banco no quiere participar, el subsidio se entregará al consumidor", apuntó Joyner, al reiterar que las personas que utilicen la ayuda para otros fines tendrán que devolver el dinero a la AFV.

Reacciona la ABPR

Por su parte, la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) aseguró que las instituciones financieras han más que redoblado sus esfuerzos para evitar que las personas pierdan sus hogares.

Arturo Carrión, vicepresidente ejecutivo de la ABPR, indicó que al presente, los bancos cuentan con unas 700 personas dedicadas a los programas de mitigación de pérdidas y que la tendencia en ejecuciones responde al profundo ciclo de contracción económica que ha experimentado la Isla.

Reiteró que los bancos no están en el negocio de ejecutar propiedades.

La ABPR continuará mañana con su feria educativa "Protege tu Hogar", donde se discuten las alternativas para evitar la pérdida del hogar, en la zona de Fajardo.