31 de marzo de 2011

Primera Hora

Lo llamó por su nombre con improperios y le advirtió que si no le conseguía $10,000 le iba a entrar a tiros dentro del Capitolio.

Era una voz de hombre. La llamada la recibió el senador Eduardo Bhatia a su teléfono celular hace alrededor de un mes, en horas del mediodía.

"Me dijo que le tenía que entregar el dinero en un momento que íbamos a acordar. Colgué el teléfono y no llamó más", narró el senador popular. Dijo que reportó la llamada a las autoridades en el Capitolio, a la Policía y al Negociado de Investigaciones Federales (FBI).

La Policía, dijo, rastreó el teléfono y resultó que era un celular prepagado. Además, se supo que del mismo número le hicieron otra llamada fraudulenta a un ayudante de un senador novoprogresista.

"Como senador, tengo la responsabilidad de denunciar estos incidentes. Dicen que es un esquema y que llaman desde adentro de las cárceles pidiendo depositar dinero en una casa de intercambio de valores, bajo treta y engaño", indicó el legislador.

La senadora Lornna Soto también presenció una llamada amenazante a una de sus hijas.

El año pasado, mientras compartía en la sala de su residencia con sus dos hijas adolescentes, la más pequeña recibió una llamada frente a ella y cuando la legisladora se percató de que la persona interrogaba a la menor sobre "su hermano", ella tomó el celular de la jovencita.

"Cuando oigo a mi hija decir que ella no tenía un hermano y que si lo tenían en el residencial, cogí el celular y empecé a hablar con la persona, pero enganchó. Traté de llamar para atrás, pero no contestaba. Entonces, entré a una páginas en la Internet para buscar el número de teléfono y encuentro que el número estaba en una lista de personas que imputaban fraude y lo reporté", contó la senadora penepé.

Tanto Soto como el senador Bhatia abogaron por la aprobación de un proyecto de ley que crea un registro de número telefónicos prepagados, adscrito a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. La medida fue aprobada en la Cámara de Representantes el 14 de junio de 2010. En el Senado, fue evaluada por la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, que preside Soto. El 25 de julio de 2010, la Comisión rindió un informe recomendando la aprobación de la medida y, desde entonces, está pendiente en la Comisión de Reglas y Calendario, que preside el senador Roberto Arango.

"El proyecto es necesario porque pone unos controles. Mucha gente ha sido objeto de estas llamadas y la mayoría son personas de edad avanzada", sostuvo Soto.

La medida obliga a toda compañía de telefonía móvil, persona o entidad comercial que venda una unidad prepagada a requerir identificación con foto al momento de la compra y a registrar ante la Junta Reglamentadora el nombre y la dirección física y postal del propietario de la unidad.