17 de marzo de 2011

El Vocero

Las pérdidas ocasionadas a los propietarios y vecindarios del estado por las ejecuciones bancarias podrían superar los 650 mil millones de dólares en 2012, según una estimación de grupos defensores de las víctimas de embargos en el estado de California.

El dato, difundido ayer por la Liga de Defensores de Dueños de Casa, estima que los perjuicios podrían ascender a casi un billón de dólares.

En esa tabulación se suma la pérdida de los propietarios, los ingresos que deja de percibir el estado, así como los costos en que este incurre en operaciones de desalojo, gastos de vigilancia, mantenimiento de inmuebles abandonados y otros. Un total de 17 mil 400 millones de dólares.

Cada ejecución que se lleva a la práctica, le resta un valor de 338 mil dólares a los barrios donde se lleva a cabo, dice el reporte Demolición de casas: cómo las ejecuciones de Wall Street destruyen comunidades.

En cuanto al tesoro público de los gobiernos locales, agrega, las pérdidas, en lo que incluyen la depreciación del valor de la vivienda, se remontan a 3,800 millones de dólares en impuestos no recibidos: 2,058 dólares por cada inmueble que corre esa suerte.

El destape del reporte coincidió con la presentación en Sacramento de un trío de anteproyectos de ley destinados a obligar a los bancos a resarcir al estado por las pérdidas derivadas de los embargos. El paquete, según sus autores, generaría ocho mil millones de dólares anuales a California por varios años.

La AB935, cuyo autor es el asambleísta estatal Bob Blumenfield, que representa porciones del Valle de San Fernando, impondría a los bancos un pago de 20 mil dólares por cada ejecución que lleven a cabo en California. Tales fondos serían destinados a mitigar el impacto de estas en las municipalidades, condados y escuelas.

Otras dos propuestas, la SB729 y la AB321, tienen la finalidad de ayudar a los dueños de casa a conservar su vivienda, y buscan dar transparencia al proceso ejecutorio.

Al someter su moción a la Legislatura, Blumenfield afirmó que las ejecuciones bancarias tienen un efecto de desarraigo, destruyen comunidades y agravan la crisis fiscal.

Según RefundCalifornia.org, entre 2008 y 2010 se han producido más de 246 mil ejecuciones en el condado de Los ángeles, y de no detenerse el proceso, otras 136 mil van a ocurrir en los próximos dos años.

Beth Mills, vicepresidenta a cargo de comunicaciones de la Asociación de Banqueros de California (ABA), dijo en mensaje escrito que los referidos anteproyectos hacen muy poco para ayudar a que los propietarios económicamente agobiados puedan cumplir con sus pagos hipotecarios.

"Mientras California no supere sus problemas económicos, así como la segunda tasa de desempleo más baja del país, las ejecuciones desafortunadamente seguirán ocurriendo en el caso de las personas que no puedan pagar su hipoteca".

Según ella, leyes como las propuestas por Blumenfield no harán sino complicar el proceso de ejecuciones, pero no resolverán el trasfondo económico de las mismas.

La coalición que presentó el reporte está formada por la Liga de Defensa de Propietarios —un proyecto de Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE)—, People Improving Communities through Organizing, (PICO), California Reinvestment Coalition (CRC) y varias seccionales del Sindicato de Trabajadores de la Industria de los Servicios (SEIU).

Ayer, varios representantes de estas organizaciones se concentraron frente a las oficinas de Wells Fargo en el centro de Los ángeles para pedir que la banca asuma los costos que el proceso de embargo tiene sobre el estado. Junto a ellos se encontraba Richard Alarcón, que representa el Valle de San Fernando en el Concejo municipal de Los ángeles.

"Nosotros como sociedad no hemos hecho lo suficiente para educar a la gente sobre cuestiones financieras. De hecho, nuestro sistema escolar no requiere ese conocimiento como parte de la educación", dijo.

El concejal aseguró que en su distrito, el 7, se concentra el mayor número de casas ejecutadas de la región. Esa cifra es todavía más alto en el distrito del concejal Bernard Parks, el 8, dijo, si también se incluyen las ejecuciones de apartamentos.

Los propietarios de casa que corren riesgo de ejecución bancaria pueden ponerse en contacto con la Liga de Defensores de Propietarios en el 1-877- 633-9251