15 de marzo de 2011

El Nuevo Dia

La recesión económica sigue castigando con dureza a las empresas desarrolladoras y aquellas ligadas a la construcción, que han tenido que acogerse a la quiebra ante la pobre actividad en esa industria.

Aunque intentó evitarlo a toda costa, la concretera Raymond Ready Mix cerró sus tres plantas en Hatillo, Vega Baja y Vega Alta, lo que dejó en la calle a cerca de 50 empleados e impactó unos 100 empleos indirectos.

Mientras, la compañía Miramar Real Estate Management, una de las empresas del desarrollador del proyecto Ciudadela, Carlos López de Azúa, se acogió a la protección de la Ley de Quiebras bajo el capítulo 11 de reorganización, al igual que Junco Steel Corporation.

"Nunca esperé que llegara este momento... Tenía esperanza de que podía sobrevivir, pero es que no hay trabajo", manifestó a El Nuevo Día Raymond Jiménez Plumey, propietario de Raymond Ready Mix.

Al igual que ha hecho la Asociación Puertorriqueña del Concreto, Jiménez Plumey sostuvo que la competencia con la empresa Cemex ha ahogado a las hormigoneras medianas y pequeñas como Raymond Ready Mix, cuya deuda asciende a casi $7 millones.

"Master (Concrete) cerró, detrás de Master caí yo, y detrás de mí van a caer todas las compañías pequeñas, y solamente se va a quedar Cemex", afirmó al destacar que, de igual forma, el aumento en el precio del diesel agravó la situación de su compañía.

Miembros de la Asociación Puertorriqueña del Concreto denunciaron recientemente que el Departamento de Justicia cerró una investigación sobre Cemex, y pidieron una pesquisa legislativa sobre sus prácticas de negocios.

Raymond Ready Mix había radicado en febrero una solicitud de quiebra bajo el capítulo 11, según Jiménez Plumey, con la esperanza de que con la reorganización de sus operaciones pudieran continuar funcionando, pero la semana pasada su abogado, el licenciado Wigberto Lugo Mender, solicitó que se cambiara el caso a uno de capítulo 7 de quiebra total.

La empresa fundada en 1986 dejó de operar en octubre, mientras Jiménez Plumey trataba de reestructurar sus finanzas.

En tanto, Miramar Real Estate Management se acogió a la Ley de Quiebras por una deuda de alrededor de $1.2 millones.

Según el informe del Boletín de Puerto Rico, el principal acreedor de la corporación de López de Azúa es la compañía de seguridad Guardsmark, a quien debe $650,395, y Candis A. McGowan, a quien adeuda $165,318.

Otra empresa vinculada a la industria de la construcción y que se ha visto en aprietos por las dificultades económicas es Junco Steel Corporation.

Aunque la compañía dedicada a la venta de materiales en metal, acero y tubería radicó su solicitud de quiebra en febrero, en aquel entonces reportó deudas ascendentes a unos $8.4 millones, pero esta semana completó su expediente con todos sus acreedores y el total se elevó a $16 millones.

El acreedor principal de Junco Steel Corporation, ubicada en Bayamón, es el Banco Popular, con quien mantiene una deuda de $11.9 millones.