28 de febrero de 2011

El Nuevo Herald

Mientras los legisladores estatales se preparan para elaborar un presupuesto equilibrado cuando el período ordinario de sesiones comience en Tallahassee el mes próximo, el personal de los tribunales del sur de la Florida afirma que el ya abrumado sistema judicial colapsará si los empleados estatales son obligados a enfrentar reducciones significativas.

Incluso si las reducciones de presupuesto no son tan radicales como propuso inicialmente el gobernador Rick Scott, los observadores dicen que hasta las reducciones menores afectarán los servicios al público y crearán una carga adicional para los empleados.

En tal caso, la operación de los tribunales se reduciría significativamente, desde ver a un magistrado para una orden de alejamiento por violencia familiar hasta fijar la fecha de una audiencia de ejecución hipotecaria, incluso hasta para solicitar una licencia de matrimonio.

Los casos de las víctimas de delitos y de los acusados pobres se retrasarán considerablemente. Los mejores abogados y jueces del estado, cansados de ganar poco y tener exceso de casos, se marcharán a empleos privados.

En los círculos jurídicos el inminente proceso del presupuesto ha creado una sensación de temor.

"Las propuestas crearán un nivel nunca antes visto de ineficiencia en el sistema jurídico', dijo el juez principal de Miami-Dade, Joel Brown, que teme perder una porción significativa de los asistentes de su circuito judicial, que se encargan de las llamadas telefónicas, hacen fotocopias y programan las audiencias.

Por su parte, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, afirmó: ‘‘Ya hemos cortado toda la grasa y hemos llegado al hueso. Ahora sólo queda amputar'.

Y para profundizar el temor, el gobernador quiere ahorrar $1,400 millones exigiendo que los empleados estatales contribuyan 5 por ciento de su sueldo al plan de retiro.

El Senado estatal tiene una postura menos radical y estudia un plan para limitar las contribuciones de los empleados a 2 por ciento para la mayoría de los trabajadores, y de 4 por ciento para los funcionarios electos, los administradores y los que ganen más de $75,000 al año.

El plan sólo exigiría contribuciones cuando el fondo de pensiones esté en déficit.

La Cámara todavía no ha anunciado sus planes sobre el plan de retiro.

Según el presupuesto presentado por Scott, los fiscales de Miami-Dade y Broward perderían más de $4.3 millones y un total combinado de 88 puestos de trabajo en comparación con el año fiscal anterior. Los abogados defensores de oficio perderían más de $2 millones y 30 puestos.

El proceso presupuestario para el año próximo llega en el punto máximo de una crisis más inmediata. Debido a una drástica reducción en la recaudación por concepto de ejecuciones hipotecarias, los tribunales encaran un déficit de $72.3 millones para el final de este año fiscal. A menos que el estado preste a los tribunales el dinero en las próximas semanas, los empleados podrían verse obligados a tomar licencia sin sueldo antes del primero de julio, dijo Lisa Godner, administradora de tribunales.

Y todavía la Oficina del Secretario de Tribunales de Miami-Dade, que ha despedido a 150 empleados en los últimos dos años, no tiene un presupuesto firme. Aunque ese despacho anunció recientemente la implementación de un sistema electrónico para la presentación de documentos que se espera acelere el proceso, reducciones adicionales podrían obligar a cerrar las oficinas satélite en Liberty City y Sweetwater, dijo Harvey Ruvin, secretario de tribunales de Miam-Dade.

Esto significa que los ciudadanos que soliciten una licencia de matrimonio o vayan a pagar una multa de tráfico tendrían que ir más lejos y enfrentar filas más largas.

Según el presupuesto del gobernador, la administración de tribunales estatales contaría con $427 millones, casi $40 millones menos en comparación con el año fiscal en curso, y una pérdida de unas 600 plazas. Estos puestos de trabajo afectan en su mayoría a los abogados y asistentes, y los que queden estarían obligados a contestar llamadas telefónicas y a programar audiencias para dos jueces en lugar de uno.

Para los asistentes como Elizabeth Fente González, esto significaría una carga de trabajo doble.

González, que trabaja para la jueza de circuito de Miami-Dade Victoria Sigler, recuerda cuando la magistrada manejaba unos 1,200 casos en cualquier momento dado, hace unos seis años. Ahora González maneja unos 6,000 casos para Sigler.

"Esto es imposible para un solo juez. La carga de trabajo es tremenda', dijo González, de 42 años y madre de dos hijos, que tendría que pagar $160 mensuales como contribución a su pensión según la propuesta del gobernador.

Christopher Smith, representante estatal demócrata por Oakland Park, que es abogado y miembro de la Comisión de Asignaciones, dijo sobre la amenaza a los asistentes judiciales: "Cualquiera que practique Derecho sabe que es una pésima idea'.

Varios otros puestos serían afectados, como los encargados de casos de menores de edad, los intérpretes en los casos civiles y los magistrados generales, los abogados especialmente designados que se ocupan de casos de pagos de sostenimiento temporales, de manutención de hijos y de órdenes de alejamiento.