25 de febrero de 2011

El Nuevo Dia

Los sobre 380,000 consumidores de televisión por satélite en Puerto Rico podrán llevar quejas por servicio o falta de éste, excesiva facturación, problemas con el contrato, o robo de la información, a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT).

Ayer varios legisladores anunciaron que ahora la JRT podrá fiscalizar las proveedoras de televisión por satélite que dijeron "estaban por la libre". La Ley es la 11 del 18 de febrero de 2011.

Según explicó la presidenta de la JRT, Sandra Torres, la ley les provee un foro a estos consumidores para que puedan presentar sus querellas y sean atendidas por percances con las firmas Dish Network, Direct TV y Claro.

Torres dijo que "una de las mayores quejas surge cuando mes tras mes su factura refleja un balance mayor al acostumbrado a pagar o cuando se le añaden nuevos servicios o cargos, sin que los hayan solicitado". Otra queja frecuente es lograr que se deje de descontar la factura mensual de la cuenta de cheques o tarjeta de crédito del cliente una vez que éste ha descontinuado el servicio.

Torres dijo que esta es la primera legislación en todo Estados Unidos que se ha aplicado a las compañías de televisión por satélite.

Los legisladores Paula Rodríguez Homs, Lornna Soto y José Chico, denunciaron que recibieron fuertes presiones para descarrilar el proyecto de parte de cabilderos de las firmas. En especial Torres abundó que representantes de Dish Network, que no tiene presencia en Puerto Rico, y que nunca habían visitado la Isla "se mudaron acá" para cabildear contra el proyecto.

Amparándose en su ausencia física en la Isla, Dish no había pagado a Hacienda el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) aunque se lo cobraba a sus suscriptores. Trascendió en la conferencia de prensa, que en enero de 2010 llegó a un acuerdo "a puerta cerrada" con Hacienda y pagó cierta cantidad no divulgada en multas e impuesto retroactivo, dijo Rodríguez Homs. Chico agregó que se estimó en unos $2 millones, pero desconoce a ciencia cierta si esa fue la cantidad pagada.

"Ya los consumidores pueden estar tranquilos. Con esta nueva ley nos proveen una importantísima herramienta para evitar mayores quejas, los sobrecargos injustificados y cualquier otra preocupación que tenga el ciudadano, y que antes estábamos imposibilitados de atender", concluyó Torres.

Torres dijo que la JRT ahora está facultada a imponer multas de entre $25,000 hasta $250,000 por violaciones, y cancelar la franquicia a la firma. La JRT tiene 90 días para tener listo un reglamento para la aplicación de la ley, que exige a las compañías registrarse en la JRT.

Entre las exigencias que la JRT hará a las firmas de televisión por satélite está que notifiquen de antemano a los clientes cuando se vayan a hacer cambios en la factura, y que usen equipos avanzados que eviten el robo de la señal.

Chico no descartó que pueda suscitarse algún pleito en los tribunales cuestionando la ley. Igualmente, anticipó que Dish tendrá que pagar contribuciones sobre ingresos en la isla.