24 de febrero de 2011

El Vocero

En el primer esfuerzo del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) para tratar de recuperar aunque sea parcialmente las decenas de miles de millones de dólares que el gobierno federal perdió el año pasado en el cierre de tres bancos en Puerto Rico, los reguladores bancarios le están exigiendo una compensación por daños de $2,200 millones a los ex ejecutivos y directores del RG Premier Bank para así repagar lo que describen como multimillonarias "pérdidas sufridas por (sus) actos ilícitos u omisiones"

La lista de 27 ex ejecutivos y directores del banco que han sido emplazados por la carta de cobro del FDIC incluye prominentes figuras en el gobierno y el sector privado. Entre ellos el fundador del banco Víctor Galán así como a la ex contralor Ileana Colón Carlo, el ex secretario de Hacienda Juan Agosto Alicea y el empresario Rafael Nin.

Una acerba carta del 23 de diciembre del bufete de Hughes Hubbard de Washington D.C., abogados del FDIC, cita una larga lista de irregularidades tras lo cual le advierte que el monto de esta demanda de cobro podría seguir subiendo a medida que progrese la investigación de la cartera de préstamos malos, particularmente los de construcción y de bienes raíces.

Estos préstamos son el origen de una de las más problemáticas practicas indebidas, según el FDIC, que apunta al crecimiento desmedido y excesivo de los préstamos comerciales cuyos riesgos implícitos dice fueron "agravados por una suscripción deficiente, procesos liberales de aprobación, y una administración insuficiente de las transacciones grandes."

El impacto negativo de esta explosión de préstamos comerciales pobremente supervisados se refleja en el aumento de préstamos clasificados adversamente que subieron de $261 millones en diciembre del 2007 a $1,116 millones en febrero del 2009. Para entonces el 89 por ciento de los bienes con problemas del banco se concentraban en préstamos y contratos de arrendamientos. Igualmente el grueso de los préstamos con problemas era de construcción, desarrollos e hipotecas.

Luego de desglosar 23 fallas graves en la administración del banco, el FDIC indica que como "resultado de estás practicas peligrosas y precarias, el banco, inter alia, ciegamente concedió préstamos a clientes no merecedores de crédito, con colateral de valor insuficiente."

Peleando por chavos

Dos días antes el FDIC había rehusado una solicitud de los directores de R & G Financial, la compañía matriz de R-G Premier, para que se les diese acceso a fondos congelados por el gobierno federal luego del cierre del banco. RGF pidió infructuosamente que, entre otras cosas, se le diese acceso a las pólizas de seguro para su defensa legal contra reclamaciones por las acciones tomadas como directivos del banco. También pidieron que de los dineros congelados se le pagase a una compañía afiliada, VIG, más de $1.3 millones en renta atrasada del local de sus oficinas. A esto los reguladores en Florida respondieron indignados señalando que a R-G Premier se le había terminantemente prohibido entrar "directa o indirectamente" en transacciones con empresas afiliadas sin aprobación del FDIC, veda que habían violado: "No pueden ser compensados por una transacción hecha en violación de dos órdenes de Cese y Desista" .

En su negativa el FDIC enfatizó que los dineros reclamados por RFG eran sólo una fracción de los $3.3 millones que la empresa le debía a su subsidiaria, R-G Premier.

La respuesta de RGF fue demandar esta semana al FDIC en el Tribunal de Distrito federal en San Juan en un esfuerzo de anular la decisión de los reguladores. La protección de los seguros presuntamente es importante ante el caso legal bosquejado contra la alta gerencia del banco por el FDIC así como ante la perspectiva de una posible avalancha de reclamaciones de otros acreedores e inversionistas.

Investigan también en quiebra

Ya el principal acreedor de RFG, Wilmington Trust Company (WTC) le ha enviado a los directivos bancarios una demanda de cobro por $355 millones a nombre de los acreedores no asegurados en el caso de quiebras que se está ventilando ante el juez federal de bancarrota Enrique Lamoutte, quien par de meses antes había autorizado que el banco de Delaware investigase a RGF para tratar de recuperar a nombre del deudor algunas de las pérdidas.

En su carta de cobro del 27 de diciembre, el bufete de Kilpatrick Stockton cataloga una larga lista de supuestas irregularidades y malos manejos en la administración de RGF que supuestamente repercutieron en el eventual cierre del banco el pasado 30 de abril.

En un lenguaje aún más crítico que el del FDIC, los abogados de WTC advierten que su investigación continua en curso pero que inicialmente han encontrado una serie de alegados "esquemas" para inflar los ingresos reportados públicamente así distorsionando el valor de las acciones así como una serie de problemas tanto en la concesión de préstamos como en la fiscalización de sus financiamientos comerciales.

Los ejecutivos bajo fuego

En su carta el FDIC específicamente identifica como responsables de la deuda con el gobierno federal a 27 ex ejecutivos y directores de R-G, incluyendo algunos que continúan al frente de la empresa matriz, como Agosto Alicea, quien permanece a la cabeza de su junta de directores.

A continuación se incluye en orden alfabético las personas a las cuales el FDIC escribió que responsabiliza por el fracaso económico del banco: Joseph Abrahamson Rodríguez, Juan Agosto Alicea, Ana Armendáriz, Luis Berrios, Laureano Carus, Ileana Colón Carlo, María del Mar Rosado Medina, José A. Díaz Ortiz, Benigno R. Fernández, Melba Figueroa Padilla, Víctor J. Galán álvarez, Víctor L. Galán Fundora, Roberto Gorbea Frontera, Víctor Irizarry, James Lynn, Eduardo McCormack, Iván Méndez, Rafael Nin Torregrosa, Ramón Prats, Pedro Ramírez, Gilberto Rivera Arreaga, Luis G. Rivera Izquierdo, Rolando Rodríguez Mancebo, María Rosales, Marcos Torres Rivera, Jeanne Ubiñas, Enrique Umpierre Suárez.