1 de febrero de 2011

El Vocero

El número del total de empleados públicos fueron acusados por el fraude de $6.9 millones a la empresa American Family Assurance (AFLAC), aumentó de 126 a 141. Este número incrementó luego de que el viernes concluyera el procesamiento de las 533 personas que fueron acusadas por un Gran Jurado federal.

Inicialmente, se había informado que el número era de 126 funcionarios gubernamentales.

De igual forma, incrementó de seis a ocho los trabajadores del Departamento de Corrección, que son oficiales de custodia y de 70 a 72 los empleados del Municipio de Lares.

Entre estos, figuran dos secretarias del ayuntamiento, una recaudadora, un chofer, dos empleadas de finanzas, el jefe de contabilidad, un recaudador de impuestos, un oficial de compras.

A su vez, aumentó de 13 a 20 los empleados del Departamento de Educación de los cuales, 12 son maestros y de seis a siete los del Departamento de Agricultura.

Otros de los acusados son el ex director del Fondo del Seguro del Estado, Michael Abid Quiñones y su esposa, Leslie Caraballo Ríos, ayudante administrativa del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

El listado de los empleados públicos será suministrado a la Oficina de ética Gubernamental (OEG), para ser evaluados por esa dependencia.

El pasado 24 de enero, día de los arrestos, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Luis Fraticelli anticipó que dirigirá recursos investigativos de esa agencia para analizar si los empleados gubernamentales, de alguna manera controlaban o tenían acceso a fondos públicos -particularmente, fondos federales- para determinar si hubo malversación de fondos.

Otros acusados son estilistas, un dentista, una asistente dental, enfermeras, un paramédico, personas retiradas, empleados de cooperativas y empleados de la propia AFLAC.