31 de enero de 2011

El Nuevo Dia

Sin admitir responsabilidad alguna, Popular Inc. (Nasdaq:BPOP), algunos de sus directores y oficiales suscribieron dos acuerdos de entendimiento para dar por terminado cinco demandas de clase contra el conglomerado.

Los acuerdos suponen una indemnización total de $47.5 millones, de los cuales, cerca de 84% sería cubierto por la póliza del conglomerado.

"Popular no espera registrar ninguna pérdida o ganancia material como resultado de estos acuerdos", indicó la institución al señalar que los acuerdos no son finales, ya que deberán ser avalados por la corte, tras la radicación de las mociones de rigor.

Según un parte de prensa de Popular, las cinco acciones de clase fueron consolidadas en dos acciones separadas, una bajo el epígrafe Hoff v. Popular Inc. y la segunda, denominada como el Litigio ERISA, por estar relacionado con el plan de retiro de los empleados de esa institución financiera.

Los acuerdos pondrían fin a unos cinco reclamos incoados por accionistas del conglomerado en el 2009, en los cuales los demandantes imputaban a Popular y a varios de sus oficiales, haber presentado información falsa en sus estados financieros, así como haber cometido violaciones al deber de fiducia, así como de mal manejo administrativo y despilfarro corporativo, entre otros señalamientos.

En ambos casos consolidados, la corte emitió opiniones en las que otorgaba y denegaba parcialmente los pedidos de desestimación del conglomerado. Mientras no concedió mérito a los alegatos de mala gestión y malversación corporativa, no desestimó los vinculados con el deber de fiducia.

En el caso consolidado bajo Hoff, los demandantes recibirán una indemnización ascendente a $37.5 millones, de los cuales unos $30 millones serían cubiertos por el seguro. Mientras, en el caso del plan de retiro de los empleados de Popular, los demandantes recibirían unos $8.2 millones.

Los acuerdos en estas cinco acciones legales no incluyen otras tres demandas radicadas en la corte de distrito federal y en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Tampoco incluyen una demanda con reclamos similares, incoada por los bufetes Quetglas y Wood, éste último con sede en Alabama, en la que unos 60 accionistas, en su mayoría domiciliados en la Isla, alegan haber recibido daños por parte de la institución al ésta haber utilizado estrategias contributivas "impropias" bajo los estándares de contabilidad y por supuestamente, inflar sus resultados financieros, liquidez y sus razones de capital regulatorio, entre otros señalamientos.