13 de enero de 2011

El Nuevo Herald

Altos directivos de bancos del sur de la Florida, dos funcionarios de la oficina del alguacil del Condado Broward y varios clientes de entidades financieras se encuentran entre los integrantes de una red que fue acusada el miércoles de un fraude de unos $10 millones en préstamos obtenidos a través de una masiva falsificación de documentos.

Según la acusación, la investigación encubierta del Buró Federal de Investigaciones (FBI), se enfocó en las actividades de Palm Beach Business Consultants (PBBC). El dueño de la firma intermediaria, Frank Santa, quien encabeza la acu- sación, ofrecía tramitar solicitudes de crédito para pequeños negocios que no tenían capacidad de obtener financiación.

Santa se comprometía a ayudar a sus clientes a obtener líneas de crédito hasta de $300,000, alardeando de sus contactos con banqueros locales. Por sus servicios, cobraba a cada cliente por adelantado cuotas de $12,000 a $15,000, agregó la imputación.

Varios documentos acusatorios revelados el miércoles describen así la función de los diferentes grupos de la red que participaron en el presunto fraude:

Un grupo, encabezado por Verne Edward Bell y Michael Angelo Mercado, se dedicaba a elaborar documentos falsos como licencias de conducir, tarjetas de Seguro Social y certificados de nacimiento de la Florida y otros estados. En los documentos aparecían los nombres de personas reales pero las fotografías correspondían a otros individuos. El experto en crear los moldes electrónicos para la falsificación de las licencias fue identificado como Vernon Antonio Taylor.

Uno de los encausamientos involucró además a Jeanne Ward, ex asistente de investigaciones de la oficina del alguacil de Broward, quien tenía acceso a la base de datos de licencias de conducir. Ward contrató los servicios de PBBC para obtener un crédito en forma fraudulenta.

Otro grupo, entre quienes se encontraba Ileana María Martínez, Erlon Abrao Monteiro, Ryan Patrick Sullivan y Gregory Charles Lenox firmaba y presentaba las solicitudes de crédito a nombre de las personas cuya identidad había sido falsificada.

Dentro de las sucursales de los bancos operaban varios directivos en puestos claves que tramitaban los préstamos a sabiendas de que los documentos de los solicitantes eran falsos. A cambio recibían pagos en efectivo o tarjetas de regalo de American Express.

Los ejecutivos acusados de fraude son: Daniel Agudelo, de 34 años, encargado de créditos de pequeños negocios de Fifth Third Bank; Christopher Brooks, de 34, asistente de la vicepresidencia del Bank of America; Macario Deguzmán, de 30, vicepresidente de Regions Bank y Am Trust Bank; William Hebert, de 36, vicepresidente del HSBC Bank; David Mcguire, de 36, de la oficina de banca privada de Wachovia Bank; David Ramoy, de 33, ejecutivo de Floridian Community Bank; y Alexander Reyes, de 25, del Fifth ThirdBank.

Otro de los clientes que cayó en la operación fue Thomas C. Correa, quien se identificó ante uno de los informantes encubiertos como subalguacil adjunto de Broward. Dijo que además era rector de un colegio en ese condado. La fiscalía federal de Miami precisó el cargo de Correa como "alguacil de reserva’’ pero el informe del FBI no indica el nombre del colegio.

Correa utilizó la empresa Children Destiny, de su propiedad y que se encontraba inactiva en la Florida, para hacer la solicitud de crédito sin saber que quien posaba como intermediario era un informante del FBI. Para la reactivación de la compañía, Correa debió falsificar certificados de declaraciones de impuestos.

Algunos de los beneficiarios de los créditos utilizaron los nombres de amigos suyos que tenían un buen historial crediticio. En la mayoría de los casos los préstamos no fueron pagados.

Los acusados afrontan cargos de fraude bancario, lavado de dinero y robo de identidad. La investigación del FBI demoró dos años. Altos directivos de bancos del sur de la Florida, dos funcionarios de la oficina del alguacil del Condado Broward y varios clientes de entidades financieras se encuentran entre los integrantes de una red que fue acusada el miércoles de un fraude de unos $10 millones en préstamos obtenidos a través de una masiva falsificación de documentos.

Según la acusación, la investigación encubierta del Buró Federal de Investigaciones (FBI), se enfocó en las actividades de Palm Beach Business Consultants (PBBC). El dueño de la firma intermediaria, Frank Santa, quien encabeza la acusación, ofrecía tramitar solicitudes de crédito para pequeños negocios que no tenían capacidad de obtener financiación.